
Los miembros de la Mesa siguen el debate celebrado ayer en el Parlamento Vasco.Foto: marcos ruiz
vitoria. "La disolución, por cualquier causa, de un grupo parlamentario tendrá que ser acordada por el Pleno de la Cámara vasca y por la mayoría absoluta de los miembros de la misma". La suma de los votos de EHAK a esta propuesta avalada por el tripartito y Aralar permitió que el Parlamento Vasco tomase en consideración ayer esta medida con el objetivo de evitar un "vacío legal" en su Reglamento y, además, privar a la Mesa del Legislativo de esta responsabilidad para trasladarla al conjunto de los miembros de la Cámara.
La iniciativa, presentada una semana después de que el Tribunal Supremo diera a conocer el fallo condenatorio contra los tres miembros de la Mesa -Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao- que no ordenaron la disolución del grupo Sozialista Abertzaleak, contó con el rechazo de socialistas y populares, que observaron en ella un intento de no acatar la separación de poderes y de eludir las resoluciones judiciales.
Antes de que comenzara el primer Pleno tras las elecciones generales, las posturas del tripartito y Aralar, por un lado, y de PSE y PP, por otro, eran sobradamente conocidas. La única incógnita que restaba por resolver, y que a la postre resultó decisiva, fue el posicionamiento de EHAK, el principal afectado por la medida tras el veto electoral decretado por el Supremo y la posibilidad abierta de que su futuro se asemeje al de la bancada liderada en su día por Arnaldo Otegi.
Los votos del grupo abertzale resolvieron el empate entre las partes y permitieron la toma en consideración de la iniciativa, aunque la portavoz de EHAK, Nekane Erauskin, advirtió de que plantearán modificaciones al texto aprobado ayer en su paso por comisión.
Por todo ello, lejos de ser un final, el consenso alcanzado supone un principio, el inicio de un recorrido en el que el Parlamento estudiará esta alternativa que en caso de fructificar deberá aguardar para conocer, entre otros aspectos, cuál será la respuesta de los propios tribunales si, al igual que ocurrió en 2003, ordenan la disolución del grupo abertzale y el Parlamento Vasco no acata esta decisión.
En la Cámara, la posición de cada bancada quedó clara. Pero la sesión plenaria también sirvió para observar el férreo cara a cara del PSE y el tripartito, después del éxito socialista en las urnas vascas y con las miras puestas en el desembarco en Ajuria Enea. El portavoz del PSE, Juan Antonio Pastor, echó en cara a las formaciones que apoyan al Gabinete de Ibarretxe que para ellos "lo importante y lo urgente" es "proteger a quienes todavía hoy son incapaces de rechazar el terrorismo de ETA". En este sentido, espetó que "no se puede estar manifestándose en las calles de Mondragón -como muestra de condena al asesinato del edil Isaías Carrasco- y defendiendo en el Parlamento a quienes, de acuerdo con una sentencia judicial, constituyen el entramado político de ETA".
En su argumentación, el dirigente jeltzale José Antonio Rubalkaba justificó la necesidad de esta propuesta en que "nadie con un mínimo de sentido democrático puede entender que el Supremo o cualquiera venga a meter la mano en este Parlamento" y, tras la intervención de Pastor, le acusó al dirigente socialista de poner en duda la "defensa de la democracia" ejercida por el PNV.
En una línea argumental similar, el presidente de EA, Unai Ziarreta, comparó esta actitud de los tribunales en este caso con la del "zorro que está vigilando el gallinero". En su opinión, además de la posible decisión judicial sobre la disolución del grupo Ezker Abertzalea, esta tendencia se ha visto ampliada a otros casos como el tratamiento de la fiscalidad vasca.
El voto favorable de EHAK se basó, según explicó Nekane Erauskin, en la necesidad de "igualdad de condiciones" de todos los grupos para ejercer su trabajo en el Legislativo, aunque dejó claro que su plácet al texto del tripartito y Aralar no supone una carta blanca. La portavoz de Ezker Abertzalea matizó en su primera y única intervención -renunció a la réplica que emplearon todos los grupos- que la iniciativa "no pretende amparar derechos de todos los parlamentarios sino defender a los miembros del tripartito".
El PP se sumó al rechazo socialista alegando que no es la Cámara quien debe decidir sobre la disolución de un grupo, sino los tribunales. Por su parte, Oskar Matute (EB) recordó que la Mesa es un órgano sujeto al Reglamento, "pero sólo el Pleno puede cambiar el Reglamento", por lo que consideró necesaria la proposición de ley. Sobre unas bases similares, la representante de Aralar en la Cámara vasca, Aintzane Ezenarro, destacó que la incorporación de esta medida supondrá poner fin a un "vacío" que existía hasta ahora en el funcionamiento del Legislativo.
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