Diario de Noticias de Gipuzkoa

LAB y CCOO exigen que se aclare cómo fue el nombramiento de Bravo

ambos sindicatos ven al ex jefe de hacienda en irun como la "punta del iceberg"

En ocho años la Diputación no convocó la plaza que ocupaba Bravo interinamente

Donostia. Los sindicatos LAB y CCOO creen que existen responsabilidades políticas fundamentales tras el nombramiento de José María Bravo, principal imputado en el caso de las presuntas malversaciones en la Hacienda de Irun, como jefe por delegación de esa oficina tributaria, un puesto en el que se mantuvo doce años en situación de interinidad. Así lo pusieron de manifiesto ayer ante la comisión de las Juntas Generales de Gipuzkoa que investiga las responsabilidades políticas derivadas de un caso en el que Joxean Urkiola, de LAB, y Javier Zatarain, de CCOO, ven a Bravo como "la punta del iceberg". La comisión de investigación celebró una nueva sesión de toma de declaraciones a testigos, en la que también compareció un representante de ELA.

Urkiola señaló a los periodistas que es necesario que se aclaren "algunas cuestiones importantes" sobre el modo en que ocupó la plaza en Irun quien actualmente está considerado como el principal imputado en la causa.

Zatarain dijo, por su parte, que CCOO llevaba además ocho años exigiendo que se convocara la plaza que Bravo ocupaba como interino, sin haber obtenido ninguna respuesta por parte de la Administración foral.

"complicidad encubierta" Joxean Urkiola señaló que "hay una complicidad encubierta que ha permitido y ha facilitado, aunque sea mirando para otro lado, el que este fraude se haya producido durante tantos años".

El representante de LAB -que acompañó a las Juntas Generales a Fátima Ariztimuño, delegada del sindicato que compareció ante la comisión- afirmó que es necesario también esclarecer por qué el ex senador Víctor Bravo, hermano del imputado y que también fue director general de Hacienda, pudo compatibilizar su cargo público con el de responsable de "una empresa dedicada a la recaudación".

"Durante todos estos años nadie ha actuado. Se le permitió esa incompatibilidad, a pesar de haber sido denunciado públicamente. ¿Quiénes son los que lo han permitido, quiénes han creado ese caldo de cultivo para que hoy lleguemos a lo que hemos llegado?", se preguntó el dirigente de LAB, sindicato que está personado como acusación popular en el procedimiento judicial.

Urkiola también observó responsabilidades políticas en el caso de Rufino Eizaguirre, ex jefe de la oficina técnica del gabinete del anterior diputado general, Joxe Joan Gonzalez de Txabarri, que fue apartado de este puesto tras conocerse que era socio de una de las empresas de José María Bravo que investigaba la Fiscalía por el fraude de Irun y copropietario de otra.

El representante de LAB indicó que "se le destituye para hacer un lavado de cara pero se le crea un puesto ad hoc con el mismo sueldo y se reconoce que sigue gestionando las empresas de Bravo" lo que, según destacó, "es una incompatibilidad que vulnera la Ley de la Función Pública y nadie ha movido un dedo para tramitar el expediente correspondiente". >efe

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