Diario de Noticias de Gipuzkoa

Viernes, 14 de marzo de 2008

Foros
Hemeroteca

Editorial

Más trabajo para el juzgado de Irun

dentro de los compromisos adquiridos al iniciarse esta legislatura foral, el Departamento de Hacienda entregó ayer el resultado de la nueva investigación interna que puso en marcha para esclarecer el alcance de las irregularidades detectadas en la oficina de Irun cuyo responsable, José María Bravo
, se encuentra en prisión bajo la imputación de haberse apropiado de fondos de contribuyentes que, supuestamente, habían pactado la condonación o reducción de sus deudas tributarias. Seis meses de investigaciones, 7.000 expedientes analizados y la tarea de dieciocho técnicos de la Diputación ha dado como resultado 12 nuevos expedientes que se suman a los 37 que ya investigaba la jueza de Irun Almudena Ovejero . Con ello, la compleja investigación de las anomalías detectadas en la delegación de Irun entra en una nueva fase, parece ser que definitiva, en la que se deberá esclarecer la verdadera dimensión del fraude, las responsabilidades directas de quienes tuvieron relación con la gestión de esta oficina y el papel que, por acción u omisión, jugaron las personas que ostentaban cargos inmediatamente superiores dentro de la institución foral entre 1989 y 2004. Ante la alarma social generada por las irregularidades detectadas en esta oficina tributaria como consecuencia de las actuaciones que supuestamente llevó a cabo Bravo, y sin que por el momento existan indicios de que se esté ante una trama más amplia y organizada, no hay duda de que la posición de las instituciones termina siendo clave para garantizar el interés general y atajar cualquier corruptela. Es clave, por lo tanto, que la Diputación actúe en todo momento con autoridad y rigor, haciendo ver que es la primera interesada en que se aclaren todas las circunstancias y que está dispuesta a llegar hasta el final. Es también clave que la Justicia actúe con diligencia, y que instituciones como las Juntas Generales hagan valer sus atribuciones para que herramientas como la comisión de investigación establezca las debidas responsabilidades políticas sobre lo ocurrido. La Justicia busca cerrar cuanto antes las diligencias previas pero no debe obviar, aunque el proceso se dilate más de lo previsto, que el dinero malversado es de todos los guipuzcoanos y debe ser restituido.