
Fachada de la Audiencia de Gipuzkoa, sin banderas visibles.Foto: efe
madrid. La pelota sobre quién debe hacer cumplir la Ley de Banderas sigue pasando de un tejado a otro. El Consejo General del Poder Judicial dio ayer traslado al Gobierno central de una petición del Tribunal Superior de Justicia Vasco (TSPJV) para "adopte las medidas oportunas para el cumplimiento" de la legislación sobre símbolos, de modo que se coloque la enseña española en los edificios judiciales de la CAV.
El Pleno del órgano de gobierno de los jueces acordó esta medida, que se trasladará al Ejecutivo vía Ministerio de Justicia, con el voto de trece vocales y la abstención de otros. De este modo, el CGPJ deposita la responsabilidad de adoptar medidas para que la bandera rojigualda ondee en los juzgados y audiencias del País Vasco, una petición que le fue realizada hace meses desde el TSJPV, que previamente había recibido la queja de un ciudadano al respecto.
La propuesta de trasladar la responsabilidad al Gobierno fue formulada inicialmente por el vocal de la mayoría José Luis Requero, aunque el texto aprobado finalmente fue modulado a lo largo del debate por el vocal progresista Luis Aguiar, según informaron fuentes de este órgano. Los vocales que se abstuvieron fueron Montserrat Comas, designada a propuesta del PSOE, y Félix Pantoja (a propuesta de IU), por considerar que el órgano de gobierno de los jueces carece de competencias para adoptar una resolución de este tipo.
Según manifestó Comas en el Pleno, el TSJPV debería haberse dirigido a la Abogacía del Estado para solicitar "la actuación de los mecanismos legales procedentes" con el fin de lograr el cumplimiento de la Ley de Banderas, mientras que Pantoja precisó que el CGPJ no puede ser utilizado para adoptar resoluciones partidistas, como es, a su juicio, la aprobada ayer.
casi tres horas Durante la discusión de este punto del orden del día, que se prolongo durante más de dos horas y media, quedaron en el camino otras dos propuestas que apenas lograron el apoyo de tres o cuatro de los vocales.
La primera, del vocal progresista Juan Carlos Campo, proponía facultar a los vocales del CGPJ designados al territorio vasco para que intermediaran ante las instituciones del gobierno de Juan José Ibarretxe, con el fin de lograr el cumplimento de la norma.
Una segunda propuesta, del vocal conservador Juan Pablo González, pretendía la compra por el propio CGPJ de los mástiles y banderas que hicieran falta para que pudieran ser colocadas en aquellas sedes judiciales que, por carecer de estos elementos, no pueden izar cada día la enseña nacional.
La discusión de este asunto se produjo ayer en el Pleno del CGPJ después de que el pasado día 27 el plante de siete vocales de la minoría impidiera cualquier pronunciamiento al respecto. Dichos vocales adujeron que el momento preelectoral no era el más adecuado para adoptar ninguna resolución al respecto, ya que ello podría ser objeto de interpretaciones partidistas. >n.g./agencias
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