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Agentes de la Ertzaintza, un cerrajero y personal del juzgado se dirigen a ejecutar el desahucio.
los vecinos del número 4 de la calle María Dolores Aguirre, en Atotxa, vuelven a respirar en paz. El inquilino al que acusaban de "trapicheo" y que tantas movilizaciones ha provocado en el barrio, ha sido objeto de desahucio y ya no vive en el inmueble. El hombre habitaba una vivienda de alquiler social propiedad del Gobierno Vasco. Los vecinos del portal habían pedido repetidas veces una solución para terminar con el "tráfico de droga" que, a su juicio, este inquilino desarrollaba en el interior de la vivienda y en los alrededores del inmueble. A esta problemática se unía el impago del alquiler por parte de este hombre de unos 40 años, lo que ha llevado a su desahucio. Residía en una VPO de alquiler social que el Gobierno Vasco tiene reservada para discapacitados, junto a su mujer y dos hijos y fue la minusvalía psíquica de uno éstos la que le dio derecho al piso. Ni ella ni sus hijos vivían desde hace tiempo con él, por lo que había dejado de tener derecho al piso en las condiciones en las que accedió a él.
El desahucio se aprobó en un primer momento para el pasado 23 de enero, después de que un juez rubricara la orden en noviembre de 2007, pero un defecto de forma en la documentación a presentar en el juzgado, lo retrasó. Agentes de la Ertzaintza procedieron hace escasas semanas a ejecutar la orden judicial en un segundo intento que resultó definitivo. "El día del desahucio, el inquilino alegó en un primer momento haber presentado un recurso, pero no opuso resistencia cuando se le ordenó que dejara la vivienda", relata un vecino. Durante los días posteriores, se procedió a vaciar el piso. "Había muchísima suciedad y basura y ha tenido que actuar una brigada de limpieza". Los vecinos ya habían reparado en las condiciones de insalubridad en que vivía el inquilino y así lo habían trasladado al área de Bienestar Social del Gobierno Vasco. En estos momentos, el inmueble permanece vacío y la tranquilidad ha vuelto a reinar en este portal. "Hasta el perro, que siempre ladraba cada vez que aparecía alguno de los amigos de este inquilino, se ha quedado mudo", señala uno de los habitantes del bloque. A pesar de que el inquilino había amenazado a alguno de los vecinos, desde su desahucio no ha vuelto a aparecer. "Ni él, ni el resto de toxicómanos que han pasado por aquí", dicen. Los habitantes del portal, sin embargo, han tenido que poner nuevas cerraduras en el portal, los garajes y el piso que habitó, para evitar que vuelva a acceder al inmueble.
Representantes de Alokabide, sociedad de alquiler del Gobierno Vasco, aseguran "haber intentado llegar a un acuerdo que permitiera no tener que llegar a la última medida". Los vecinos argumentan que, a raíz de lo sucedido, el Gobierno Vasco ha trasladado su decisión de renovar los contratos de alquiler anualmente, en lugar de cada cinco años, plazo previsto inicialmente.
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