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La dependencia

por J.C. Redondo

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EL 1 de Enero de 2007 entró en vigor la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas dependientes, conocida como la Ley de Dependencia (www.mtas.es/inicioas/dependencia.htm).

Varias causas han obligado al Ejecutivo a promulgar esta ley. Por un lado, el envejecimiento de la población; España es el tercer país mas envejecido del mundo, ya que en los últimos 30 años se ha duplicado, pasando de 3,3 a 6,6 millones el número de personas mayores de 65 años. Pero, además, el avance de la medicina, entre otros factores, ha supuesto que en los últimos 20 años la población con mas de 80 años se haya duplicado. Si a ello añadimos que el 9% de la población tiene algún tipo de incapacidad que le ha supuesto una situación de dependencia de terceras personas o posibilidades serias de sufrirla en le futuro, tenemos la fórmula perfecta para comprender que la dependencia será una posibilidad real en el futuro que sufriremos la mayor parte de la población.

La Ley define como situación de Dependencia aquella en la que la persona no pueda realizar, de forma autónoma, alguna de estas actividades básicas de la vida diaria (ABVD): atención a su cuidado personal, actividades domésticas básicas, movilidad esencial, reconocimiento de personas y objetos, orientación, entendimiento y ejecución de órdenes o tareas sencillas. Basta con que no se pueda realizar algunas de estas funciones para que la persona pase a ser "dependiente", normalmente de forma irreversible y por un tiempo indeterminado. Por lo tanto, es fácil de comprender que esta situación en mayor o menor medida nos va afectar a todos. En nuestro país el 62% de las personas dependientes son mujeres y el 38% hombres.

Las consecuencias económicas de esta situación son incalculables, de tal manera que el Estado ya reconoce en la propia ley que no va a ser posible sufragar con cargo a las arcas públicas la totalidad del coste que se genere, por lo que será necesaria una cofinanciación vitalicia entre el sector privado y sector público.

Conscientes de ello, el sector asegurador ya comercializa productos que permitan ir preparando esta contingencia, sobre todo teniendo en cuenta que comparativamente con nuestros vecinos, nuestro país es el que peor se prepara para la jubilación. El 29% de la población espera que sea el Estado quien les solucione el problema, el 36% considera que será la familia quien se ocupe de ellos y otro 35% cree necesario el ahorro. Analícese usted mismo. ¿Llegado a esa situación en qué grupo se encuadraría?

El Estado considera imprescindible la colaboración privada para financiar totalmente el sistema y, para ello, ha establecido una fiscalidad favorable en el IRPF, aunque a juicio de los expertos, todavía insuficiente para que pueda despegar de manera definitiva.

*Director general de Zihurko

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