
madrid. Los alumnos de los centros educativos de la Comunidad de Madrid que objeten para el próximo curso 2008-2009 la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), quedarán exentos de cursarla, y por lo tanto de ser evaluados, según informó la consejera de Educación, Lucía Figar, después de mantener una reunión con varias asociaciones educativas.
La consejera aseguró que si no hay ningún cambio legal en la implantación de la asignatura en el próximo curso, estimarán "positivamente" las objeciones de conciencia que se planteen en la Comunidad en cualquier centro educativo, y señaló que darán "instrucciones" a los colegios e institutos para que todos los objetores de esta asignatura reciban "la adecuada atención educativa" mientras dure el horario de las clases.
La alternativa a la asignatura la decidirán los propios centros que, según Figar, ya tienen experiencia con otro tipo de temas como el de la religión católica o cuando un alumno no puede cursar una asignatura como la de Educación Física.
Esta decisión se produce tan sólo dos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reconociera en una sentencia el derecho de unos padres a la objeción de conciencia a la citada asignatura.
Esta primera sentencia a favor de la objeción contrasta con otra emitida en febrero por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que negó que exista el derecho a objetar contra la EpC.
Precisamente ayer y ante lo divergente de ambas resoluciones, la portavoz del Gobierno asturiano, Ana Rosa Migoya, se sumó a la solicitud del Ministerio de Justicia para que el Tribunal Supremo establezca una unidad de criterio. Subrayó además que la autoridad "docente y académica es la que tiene la capacidad" para poner en marcha los planes de estudios, y recordó que éstos forman parte de leyes llevadas al Congreso.
El Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) calificó ayer de "irresponsable" el llamamiento de la Comunidad de Madrid a la objeción de conciencia porque supone el "incumplimiento de una Ley Orgánica". Según el MEC, el amparo de la Consejería de Educación madrileña a las familias que quieran objetar, "se apoya en una sentencia que va a ser recurrida y que, además, es contradictoria con otras sentencias de Asturias y Cataluña".
polémica reacción de chaves A lo largo de la semana se han sucedido las reacciones a la sentencia del Alto Tribunal andaluz, comenzando por el presidente de dicha comunidad. Manuel Chaves anunció, al igual que la Fiscalía de Andalucía, que recurrirá el fallo, que calificó de "profundamente conservador". También manifestó su extrañeza porque la sentencia se hiciera pública "en plena campaña electoral. Se podía haber tenido la sensibilidad de esperar al final de la campaña", afirmó.
El dirigente del PP Ignacio Astarloa, afirmó ayer que la reacción de Chaves es propia de un "cacique bananero encolerizado". En Andalucía, otros 433 alumnos han objetado ante la Junta, que ha rechazado todos los recursos.
Desde su creación, esta materia ha topado con la oposición de la Conferencia Episcopal, de asociaciones católicas y del Partido Popular, que ya ha anunciado que la retirará si gana las elecciones. >agencias
el dato
l Posible relación de uno de los jueces con el Foro de la Familia. Según publicabaEl País en su edición de ayer uno de los ponentes del fallo, Enrique Gabaldón Codesido, "es hijo del presidente de honor del Foro de la Familia y ex vicepresidente del Constitucional, José Gabaldón López, quien lleva llamando a la objeción de conciencia de los padres contra la asignatura en artículos y foros de opinión desde que Educación dio luz verde a la asignatura".
Las asociaciones de padres, divididas
Las asociaciones principales de padres de alumnos están expresando opiniones divergentes sobre la sentencia del TSJA. La Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (CEAPA), mayoritaria en la escuela pública, se opone a la sentencia porque supone "un paso atrás" ya que posibilita a la familia demandante el "incumplimiento" de la LOE, que fue aprobada por las Cortes Generales. Por su parte, la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA) entiende que la sentencia implica el reconocimiento del derecho de los padres a educar a los hijos. Por último, el presidente de la Confederación Católica de Padres (CONCAPA), Luis Carbonel, pidió ayer que la Administración reconozca "de oficio", sin más, el derecho a la objeción y "no se obligue a los padres a recurrir a los tribunales". >efe
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