
Los responsables policiales en Navarra con material incautado.Foto: efe
pamplona. La Policía Nacional ha desarticulado en Navarra una red dedicada la formación de matrimonios de conveniencia entre ciudadanos africanos y comunitarios. Su propósito era facilitar la regularización de los inmigrantes, a los que reclamaba a cambio cantidades que oscilaban entre los 8.000 y los 15.000 euros. En total, hay 117 personas imputadas y 38 detenidas.
La organización, que ofertaba entre 6.000 y 9.000 euros a las personas que se prestaban al enlace ficticio, estaba dirigida desde Pamplona por un nigeriano de 36 años, Agustine E.O., su compañera sentimental, una burgalesa de 25 años, Beatriz V.L., y por una ciudadana de origen dominicano de 32 años, Ángela Francisca C.S., residente en Burlada.
La delegación del Gobierno en Navarra, la jefatura superior de Policía y la Brigada de Extranjería explicaron ayer en que los arrestados son 21 hombres y 17 mujeres nacidos entre 1959 y 1986 y residentes en Navarra. Once son navarros y españoles, 22 son nigerianos, dos dominicanos, uno colombiano, otro uruguayo y uno más oriundo de Ghana.
La organización, que al parecer estaba operativa desde principios de 2007, presentaba un "enorme grado de sofisticación en sus procedimientos", de forma que tenía conexiones internacionales con Nigeria, Alemania, Bélgica e Italia, y una vez que llegaba a los acuerdos económicos con los contrayentes "fijaba pautas severas" con el compromiso de que nunca habría convivencia matrimonial y que, al cabo de un año, se produciría la separación.
La red ilegal se dedicaba a contactar con ciudadanos navarros, españoles o comunitarios, generalmente provenientes de ámbitos marginales y de la delincuencia, dispuestos a contraer matrimonio con extranjeros irregulares a cambio de entre 8.000 y 15.000 euros, de los que los que la organización se quedaba con 500.
La red aleccionaba a los futuros cónyuges para simular una relación sentimental ante los funcionarios de los organismos competentes para celebrar los matrimonios, utilizaba testigos pagados y entregaba al contrayente extranjero documentación falsa. Finalmente, solicitaba en las Oficinas de Extranjería la Tarjeta de Residencia por familiar comunitario y, posteriormente, la nacionalidad española. >j.m.
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