
Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol.Foto: Javier Bergasa
¿Se imagina que la selección de Luis Aragonés fuera vetada en la Eurocopa de Austria y Suiza? ¿Y que no hubiera el próximo año equipos españoles en la Liga de Campeones ni en la Copa de la UEFA? Es un panorama difícil de concebir, pero que está cobrando visos de realidad a una velocidad alarmante.
El conflicto es sencillo de explicar: una orden ministerial exige a las federaciones sin representación en los próximos Juegos Olímpicos que convoquen elecciones en el primer trimestre de este año. Todas lo han hecho así (sin sentirse por ello mediatizadas ni intervenidas por la Administración), pero la RFEF decidió el lunes, en Asamblea -por 115 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones-, desobedecer esa orden ministerial y fijar sus elecciones en octubre o noviembre.
Para tomar esta decisión contra la ley, Ángel María Villar, presidente de la RFEF, argumenta que se acoge al Código Electoral Modelo de la FIFA, que no admite ninguna "injerencia gubernamental". Llamarle "injerencia gubernamental" a una ley de un estado democrático es un disparate, y por eso el Consejo Superior de Deportes le ha recordado a Villar que "ninguna institución está por encima del marco legislativo".
Lógico, pero no definitivo, porque entonces Villar se pone a la sombra del primo de Zumosol , Joseph Bla-tter. El presidente de la FIFA, en su reciente visita a Madrid con motivo del homenaje a Alfredo Di Stéfano, lanzó una rotunda amenaza: "Espero que los autoridades políticas españolas comprendan el riesgo que corren. No vamos a discutir las leyes españolas, pero si el Gobierno quiere que España tenga fútbol internacional deberá aceptar nuestras reglas".
Y por si no quedaba claro el ultimátum, Blatter recordó los precedentes similares de Portugal y Grecia, que los gobiernos de esos países tuvieron que solucionar plegándose de forma inmediata a las órdenes de la FIFA.
Pero Jaime Lissavetzky ha sido igual de rotundo, y ayer mismo explicaba que el Gobierno no va a "tolerar el incumplimiento" de esa orden ministerial, por lo que el conflicto está servido.
Para entender esta polémica hay que tener en cuenta además un aspecto clave: el Código Electoral Modelo de la FIFA, que se quiere aplicar en esta situación de manera torticera. Este código -aprobado por los países miembros de la FIFA- se creó para evitar la indefensión de las federaciones nacionales de fútbol de países no democráticos. Por ello, en los últimos meses se ha tenido que esgrimir como amenaza en países como Burkina Faso, República Centroafricana, Irán, Kuwait, Omán, Togo, Samoa, Indonesia, etcétera, para evitar que gobiernos dictatoriales o corruptos mangonearan a placer en el fútbol de su país (salvo, por supuesto, que mangoneen a favor de la FIFA, en cuyo caso la historia cambia. Hay unos cuantos casos, pero eso daría para otro artículo).
Por ello, resulta insólito e improcedente usar el Código Electoral de la FIFA para amenazar a países miembros de la Unión Europea -España, Portugal, Grecia...- cuyas legislaturas amparan a organismos como las federaciones nacionales.
Y, entonces, ¿por qué lo hace la FIFA? Aquí caben muchas interpretaciones, pero es evidente que el ansia de poder es el móvil principal. La FIFA, instalada en Suiza al margen de controles económicos, tampoco quiere estar por debajo de ninguna ley. Y cuando sucede, le cuesta agachar la cabeza y tiene muy mal perder. Sucedió hace años en el caso Bosman -cuando los tribunales le dijeron a la FIFA que un jugador de la Unión Europea no ocupa plaza de extranjero en un equipo de la UE, porque dentro de ella hay libertad laboral- y volverá a suceder si sigue adelante el anacrónico deseo de la UEFA y la FIFA de que en los equipos de fútbol europeos haya en el campo un mínimo de seis jugadores nacionales y un máximo de cinco extranjeros. Parece que no les entra en la cabeza que las leyes europeas amparan, por ejemplo, al club español que quiera hacer un equipo exclusivamente con alemanes.
Villar
¿Por qué?
Pero lo más extraño de todo este conflicto es el empecinamiento de Ángel María Villar en no hacer las elecciones en el primer trimestre de 2008. No hay ningún motivo objetivo -las va a ganar igual ahora que dentro de seis meses-, por lo que él sabrá qué pretende. Y el problema es que ha arrastrado con él a la Asamblea de la Federación. En el ambiente siempre enrarecido que se vive en la RFEF ningún club se atreve a plantarle cara, por temor -fundado o infundado- a encontrarse de pronto con arbitrajes en contra o represalias similares.
Con su decisión del lunes, la RFEF está al borde del precipicio: le pueden enmendar la plana en los tribunales (tomar un decisión ilegal a sabiendas es un delito grave, que no se castiga con simples inhabilitaciones) y echar al fútbol español del fútbol internacional.
Falta sólo por ver si el próximo gobierno (sea o no del PSOE) va a aceptar el órdago de Villar y a tener la valentía de hacer cumplir la ley. Lo contrario sería un escándalo en un Estado de derecho.
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