Diario de Noticias de Gipuzkoa

El desencuentro político impide una postura común hacia las víctimas del '3 de marzo'

PNV y EA reivindican la reforma de la ley de memoria histórica, que el PSE ensalza

EB lamenta que la comisión especial del Parlamento no tenga carácter vinculante y el PP vuelve a guardar silencio

vitoria. Han pasado 32 años. Más de tres décadas en las que cada 3 de marzo los partidos han ofrecido su discurso en el púlpito. Y siguen sin ponerse de acuerdo. Los populares guardan silencio. El PSE se congratula por las indemnizaciones establecidas por la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el gabinete de Zapatero con el apoyo de IU-EB, formación que, pese a todo, reclama un "mayor reconocimiento" a las víctimas. Por su parte, PNV, EA y ANV coinciden en señalar que la citada ley es insuficiente. Más allá del palco político, centenares de vitorianos volvieron a conjugar ayer sus voces en la multitudinaria manifestación para reclamar justicia.

De justicia habló el consejero del ramo en el Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga (EA), quien señaló que, al margen de las responsabilidades políticas o ideológicas, "el Estado español nunca ha reconocido las responsabilidades jurídicas" de la masacre de 1976, en que la que la policía de la época mató a cinco personas e hirió a más de cien durante el desalojo de una asamblea de trabajadores en la iglesia de San Francisco de Asís en Zaramaga. "España procesa a Pinochet pero es incapaz de reparar a su propias víctimas", expresó. Por ello, el consejero anunció que EA pedirá en el Congreso español que se reforme la Ley de Memoria Histórica "cuya neutralidad persigue blanquear conciencias", para "lograr una compensación económica proporcional para los afectados, restituir los bienes incautados y anular los juicios franquistas, así como retirar los símbolos del régimen dictatorial y permitir el libre acceso a los archivos históricos y militares para poder conocer la verdad de lo ocurrido".

En el mismo sentido se expresó el PNV, cuyo candidato al Congreso por Álava, Emilio Olabarria, denunció que la "fallida" ley del gobierno socialista -a la que los jeltzales sumaron algunas aportaciones-"no reconoce la condición de víctimas del terrorismo a los afectados", dado que la tragedia tuvo lugar una vez muerto Franco y, por ello, en vez de ser considerarles víctimas del franquismo, se les incluye como damnificados durante la transición.

Jáuregui, satisfecho Bien distintas fueron las declaraciones del candidato del PSE Ramón Jáuregui, quien felicitó a su partido por haber aprobado una ley que a su juicio "reconoce la lucha de los obreros de Vitoria" y compensa a las víctimas.

En este sentido, confió en que las familias de los cinco asesinados cobren "a final de año" las correspondientes indemnizaciones de 135.000 euros cada una, por la muerte de Pedro María Martínez Ocio -27 años-, Francisco Aznar Clemente -17-, Romualdo Barroso Chaparro -19-, José Castillo -32 -, y Bienvenido Pereda -30-.

Por su parte, la parlamentaria de Ezker Batua Kontxi Bilbao lamentó que la comisión especial sobre el 3 de marzo en la Cámara vasca "no tenga carácter vinculante", al tiempo que reclamó "un mayor reconocimiento, ya que aún no se han dado respuestas concretas a estas personas que desde 1976 reivindican los mismo derechos que las víctimas del terrorismo".

El Partido Popular, se abstuvo una vez más de pronunciarse sobre las demandas de las víctimas. Víctimas que, 32 años después, critican que "ni la Ley de Memoria Histórica ni la de Víctimas del Terrorismo" hayan satisfecho sus reivindicaciones, dado que más allá de compensaciones económicas, consideran crucial "conocer la verdad" y determinar la "responsabilidad" de quienes dieron luz verde a los más de 200 disparos de bala que tiñeron de sangre aquel miércoles de ceniza en Vitoria.

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