Diario de Noticias de Gipuzkoa

santiago larrazabal, profesor de derecho constitucional de la universidad de deusto

"A Bruselas le da miedo que, si el caso vasco sale adelante, otras regiones pidan lo mismo"

Castilla y León y La Rioja han atacado en el Tribunal de la UE el sistema del Cupo vasco y se han centrado en demostrar que la reducción de tipos impositivos que aplica Euskadi es una ayuda de estado, ilegal en Europa. En cinco o seis meses se conocerá el fallo

donostiA. El Tribunal europeo de Justicia se pronunciará dentro de cinco o seis meses sobre la autonomía fiscal vasca que emana del Concierto Económico para que Euskadi establezca su propio régimen tributario. Un procedimiento abierto por la Corte de Luxemburgo que, a petición del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), está analizando la legalidad de las singularidades de la normativa fiscal de Euskadi. Más concretamente, el Impuesto de Sociedades vasco y las discrepancias que arrastra desde 2004, con un largo litigio tributario. La resolución permitirá despejar las discusiones en torno a las competencias reales de las diputaciones para aprobar normas fiscales distintas al territorio común.

¿En qué se ha centrado la vista oral celebrada en Luxemburgo?

La cuestión básica es que el Tribunal de la UE está examinando el caso vasco con base en los tres criterios que se establecieron en la sentencia del caso de las Azores, y que encajan perfectamente en el Concierto Económico. Con esa sentencia, la UE ha abierto la posibilidad de que las regiones establezcan impuestos reducidos dentro de un mismo Estado siempre que cumplan tres condiciones, como son contar con autonomía política e institucional, elaborar una normativa tributaria propia sin la intervención del Gobierno central y asumir posibles minoraciones en los ingresos por tener un tipo inferior sin recibir compensaciones del Estado.

¿Dónde surge el problema?

El punto en discusión que han atacado los gobiernos de La Rioja y Castilla y León es el tercer requisito, el que hace referencia a que una región no reciba ninguna subvención del Estado en el caso de que la recaudación sea más baja por aplicar tipos impositivos diferentes. En este caso, aunque Euskadi recauda menos con un Impuesto de Sociedades inferior, sigue pagando el Cupo de igual manera. El Concierto Económico encaja en el derecho comunitario de la UE ya que la CAV cumple dichos requisitos, al igual que otros gobiernos, como Italia y Reino Unido.

El sistema de cálculo del Cupo ha sido el argumento de las comunidades autónomas limítrofes.

Eso es. La Rioja, Castilla y León y la propia Comisión Europea se han centrado en la negociación del Cupo para señalar que este sistema recoge ciertas compensaciones económicas del Estado a Euskadi.

¿Cuándo se conocerá la decisión del Tribunal europeo de Justicia?

Hay que esperar a conocer el informe de la Abogada General, ya que el Tribunal de la UE suele seguir dicho dictamen, que estará preparado para antes del verano. La postura de las instituciones vascas ha salido reforzada pero no se sabe.

¿Por qué la CE está en contra de la fiscalidad vasca?

La Comisión Europea ha optado por una confrontación contra las medidas fiscales que se aplican en Euskadi. Tiene miedo a que si el caso vasco sale adelante, otras regiones europeas pidan lo mismo. La Comisión busca un sistema de armonización fiscal, pero no tiene competencias en el caso de los impuestos directos porque los estados miembros de la UE se han negado a ceder a las instituciones europeas esta materia. La CE no puede hacer nada para armonizar la legislación fiscal en impuestos directos de los estados miembros.

¿Y si el Tribunal de Luxemburgo se pronuncia en contra del sistema tributario vasco?

Si la Justicia europea dice que las empresas vascas no pueden liquidar sus beneficios sobre un tipo de gravamen diferente al del resto del Estado, la Corte de Luxemburgo se cargará la autonomía fiscal vasca que emana del Concierto Económico. Las instituciones vascas tendrían que armonizar el tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades con el Estado, lo que supondría perder la autonomía normativa.

¿La solución está en el blindaje?

Las normas forales no tienen rango de ley y cualquiera las puede recurrir ante el contencioso administrativo. El blindaje del Concierto ofrece la posibilidad de impedir que cualquier persona, como un sindicato, pueda recurrir a los tribunales y paralizar las normas forales relativas al Impuesto de Sociedades, lo que conllevaría una seguridad jurídica absoluta para los empresarios. Es necesaria una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y otra reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer que la competencia sobre las normas forales en relación al Impuesto de Sociedades se limite al Constitucional.

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