Diario de Noticias de Gipuzkoa

El Consistorio recurrirá contra la sentencia que pone en peligro la viabilidad de Polloe S.A.

todos los partidos defienden la necesidad de un servicio público

EB-Aralar dice que la ejecución del fallo judicial haría subir los precios

Donostia. El Ayuntamiento donostiarra recurrirá en contra de la sentencia del tribunal contencioso administrativo número 2 de Donostia, que ha anulado el acuerdo muncipal que permite a la sociedad Polloe actuar en el mercado funerario más allá de los enterramientos y cremaciones. El fallo judicial impide la explotación de tanatorios, la venta de ataúdes y urnas, así como el servicio de coches fúnebres, entre otras actuaciones, lo que implica un importante descenso de los ingresos de la sociedad de capital público, que se reinvierten en el mismo servicio.

El fallo judicial responde a un recurso presentado por las funerarias privadas de Gipuzkoa y pone en peligro la supervivencia de esta entidad, en la que prestan sus servicios una treintena de trabajadores y que ofrece unos precios inferiores a los de las empresas privadas, según fuentes municipales.

El concejal responsable de los cementerios donostiarras, así como de las sociedad mercantil Polloe S.A., Alberto Rodríguez (PSE), manifestó a este diario que "el Ayuntamiento ha estado defendiendo el servicio público y lo vamos a seguir defendiendo hasta el final". El corporativo consideró que, en el actual marco de mercado que afecta a los servicios funerarios, la presencia de una empresa pública, con precios más moderados, contribuye a contener las tarifas en el sector. "¿Cuando alguien fallece en mitad de la calle y nadie reclama ese cuerpo, quién lo recoge y se encarga de todo lo necesario?", preguntó el concejal.

La decisión de presentar un recurso para tratar de evitar que Polloe se vea desprovista de una gran parte de su actividad fue adoptada en el consejo de administración celebrado el pasado lunes. En la reunión, los servicios jurídicos explicaron a los representantes políticos la delicada situación, que obliga al Consistorio a analizar todas las posibilidades para un futuro inmediato. La peor de todas para el Ayuntamiento es que las funerarias privadas soliciten una ejecución provisional de la sentencia, ya que podría implicar que un juez ordenase el cese de la actual actividad de la funeraria municipal.

"un cártel" EB-Aralar, que forma parte del gobierno local, criticó la sentencia y advirtió de que la limitación de la actividad funeraria de Polloe "puede suponer un encarecimiento de los servicios". A su juicio, la situación que pretende consolidar el fallo judicial "daría lugar a que este servicio se encontrase en manos de un cártel que se reparte el mercado y que extiende su posición de dominio desde el seguro decesos hasta el último acto del servicio funerario". "Todo ello, aderezado con malas prácticas competitivas, daría lugar a un incremento de los precios como ocurre en las ciudades en las que no existe servicio municipal", señaló esta formación.

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