Diario de Noticias de Gipuzkoa

Indultan a los cuatro altos cargos implicados en el fraude de Osakidetza de 1990

el cambiazo de exámenes afectó a 50.000 opositores

El Consejo de Ministros del Gobierno del PSOE indultó en noviembre a los cuatro condenados socialistas

bilbao. El chivateo de exámenes fue un asunto dirigido y filtrado desde la cúpula socialista que entonces dirigía el Servicio Vasco de Salud hacia sus correligionarios. Es lo que dictó la sentencia del caso, en referencia a aquella Oferta Pública de Empleo (OPE) de Osakidetza en 1990, a la que se presentaron más de 50.000 personas para acceder a 2.500 plazas.

Sólo tras una miríada de denuncias logró ponerse en marcha el aparato judicial que, además de obligar a repetir la mayoría de las pruebas, terminó condenando a Mario González, Pedro Pérez, José A. Martín y Pablo Sastre a penas de seis años de cárcel. Apenas cumplieron una mínima parte y ahora, siete años después de la publicación de la condena, son indultados por sus compañeros de partido político.

Si el affaire vuelve ahora a los medios no es por el interés de aclararlo, sino porque hace unos meses, en noviembre de 2007, y de la mano del Gobierno socialista en Madrid, se indultó a los encausados y condenados en el juicio celebrado en 1997, todos ellos dirigentes socialistas en distintos niveles de representatividad.

El meollo del escándalo hacía ya tiempo que estaba en el olvido popular, lo suficiente para que una resolución como la tomada por el gobierno de Rodríguez Zapatero no suscitase demasiado eco en la sociedad. Ni tan siquiera por sus encarnizados detractores populares.

Los cargos fueron por falsificación de documentos públicos, ya que quedó probado que dichos funcionarios se dedicaron a corregir las pruebas realizadas en la oposición para favorecer a militantes del PSE y del sindicato UGT. Ya en su momento, la instrucción fue considerada una auténtica chapuza, con desaparición de pruebas incluida, por robo en los servicios centrales del Servicio Vasco de Salud. Los trabajos de corrección de las pruebas coincidieron con el anuncio de la ruptura de las negociaciones PNV-PSE para la repetición de un nuevo gobierno de coalición.

Con la llegada al Departamento de Sanidad del nacionalista Iñaki Azkuna, los ex directores socialistas de Osakidetza publicaron, sin consentimiento de los tribunales, unas listas provisionales de aprobados, en las que opositores de afinidad socialista y trabajadores eventuales y de confianza del equipo gestor del ente convocante copaban las mayores puntuaciones.

exámenes manipulados Pronto se detectaron irregularidades y los tribunales comprobaron la "burda" manipulación a la que habían sido sometidos cientos de exámenes -581, correspondientes a 363 opositores, según las conclusiones parlamentarias-. Siete pruebas fueron anuladas y tuvieron que repetirse, con un coste adicional para la Administración de 231 millones de pesetas (1,4 millones de euros).

En su día el juez instructor del caso Osakidetza observó indicios delictivos y la posible participación en el fraude de las oposiciones, al menos como encubridor, de José Luis Marcos Merino, vicesecretario general de los socialistas vascos y diputado en el Congreso, por aquel entonces, y hoy alcalde de Sestao, por lo que decidió trasladar la instrucción de la causa y el conjunto de las diligencias practicadas al Tribunal Supremo.

El auto judicial, emitido el 14 de septiembre de 1994, por el que se levantó el secreto de sumario prolongado durante cinco meses, elevó además a once el número de las personas imputadas, entre las que figuraban ex altos cargos de Osakidetza y trabajadores del citado organismo en aquella época, todos ellos vinculados con el PSOE, así como también ex directivos de la empresa Euro Appraisal, que fue la encargada de corregir los exámenes. Sin embargo, absolvió a Marcos Merino, al no contar con pruebas directas que lo implicaran.

En las conclusiones judiciales, coincidentes con las emitidas por la Comisión de Investigación puesta en marcha por el Parlamento Vasco, se señaló que el fraude fue perpetrado por un colectivo de gente "concertado y organizado a tal fin", con la intención de "beneficiar a personas afines", vinculadas al PSOE y a UGT.

hubo más implicados El magistrado, que reparó en la militancia política y en la posición ocupada en Osakidetza por los imputados a quienes atribuyó la autoría de las manipulaciones, expresó su convencimiento de que no se halló a todos los implicados en el fraude.

Desde sindicatos como LAB se ha denunciado con dureza "la concesión del indulto a los falsificadores de Osakidetza después de siete años de la publicación de la sentencia. Quedó probado que Mario González, Pedro Pérez, José A. Martín y Pablo Sastre, condenados a seis años, se dedicaron a corregir las pruebas realizadas en la oposición para favorecer a militantes socialistas y del sindicato UGT. Ya en su momento -señalaron desde LAB- la instrucción fue una auténtica chapuza al salirsede rositas responsables del más alto nivel como Marcos Merino por falta de pruebas. Entonces se habló también del papel en la sombra de Rosa Díez, que coordinaba las relaciones del Partido Socialista de Euskadi con la UGT en el País Vasco".

Lo inaceptable para esta organización sindical es que siete años después, "de nuevo con el PSOE en el poder del Gobierno español, el Consejo de Ministros en su momento rebajara las penas para que casi no pisaran la cárcel los imputados y, en noviembre, se decidiera a dar el paso del indulto".

La flexibilidad de la justicia española es criticada por esta organización sindical, porque "resulta proverbial, así como la impunidad para los delitos cometidos por los responsables políticos de la joven democracia española inimaginable en cualquier otro país de Europa".

Jose Luis Marcos Merino Vicesecretario general del PSE-EE. Se entrevistó con el presidente de la empresa correctora de los exámenes. Fue exculpado por falta de pruebas.

Mario González

Fue director general de Osakidetza. Condenado a seis años y medio de cárcel e indultado.

Pedro Pérez Torres

Ex director de Gestión Económica de Osakidetza y secretario general del PSE-EE de Mungia. Condenado a seis años y medio de cárcel e indultado.

Jose Ángel Martín Martín

Abogado y trabajaba en Osakidetza cuando se celebraron las oposiciones. Condenado a seis años y medio de cárcel e indultado.

Pablo Sastre López

Militante del PSE-EE. Fue auxiliar administrativo en el hospital de Cruces. Condenado a seis años de cárcel e indultado.

Francisco Javier Abásolo Presidente de Euro Appraisal, empresa encargada de la corrección de las pruebas. Penado con un año de cárcel.

Ana Isabel Jiménez Herrero

Militante socialista; trabajó como auxiliar administrativo del hospital de Cruces entre 1989 y 1993. También fue detenida. Exculpada.

Alberto Lertxundi

Periodista y militante del PSE-EE, era jefe de prensa de Osakidetza en el momento del fraude. Exculpado.

Isabel Herrero Lebrero

Madre de Ana Isabel Jiménez. Militante socialista y ex secretaria de Jáuregui en UGT. Exculpada.

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