
1 La aparente desafección de los ciudadanos hacia la res publica , la apatía y una generalizada sensación de desapego respecto a la labor de la clase política parecen contribuir a una prospección que augura, respecto a Euskadi, pocas novedades en cuanto a precedentes resultados globales de elecciones generales.
Estos comicios vienen precedidos en esta ocasión de una tediosa y agotadora precampaña que realmente se ha prolongado a lo largo de los cuatro años de legislatura, caracterizada porque el electoralismo ha sustituido a la política, hasta el esperpento de la puja populista de propuestas inconexas e inviables por parte de los dos grandes partidos estatales. Como ciudadano, como vasco, como demócrata, creo necesario despertar nuestra conciencia cívica ante el intento de colocar una vez más esa especie de piloto automático y dejar que todo fluya como una suerte de pura inercia social acrítica.
2. Trataré de aportar ciertas reflexiones en torno a materias que estimo nos afectan desde Euskadi, nada asépticas, y que probablemente pasen de puntillas en la efervescencia mediática de estas dos semanas de campaña oficial.
Deseo subrayar la repercusión de tales ámbitos de debate sobre nuestro estatus como nación o nacionalidad vasca dentro de un Estado, el español, y remarcar la importancia de nuestra activa participación en estos comicios para construir, para criticar y para derrotar posturas que persiguen bipolarizar toda la riqueza social y política de nuestro pueblo vasco. Creo necesario recordar y demostrar la importancia de estar presentes, con nuestra pluralidad política, en todos los foros parlamentarios donde deba y pueda defenderse una concepción de País alejado de histrionismos, de crispación, de ventajismos electoralistas logrados desmembrando las estructuras de un Estado que dice constituirse como "social y democrático de Derecho".
3. Y el primer tema que propongo como reflexión y como motor para votar en conciencia se centra en Europa y la defensa de nuestro sistema fiscal vasco.
Cabe recordar las posturas políticas que califican el sistema del Concierto Económico vasco como una especie de fósil normativo, un privilegio y un agravio frente a terceros sistemas, derivado de un graciable trato de favor inspirado en lejanos e infundados Derechos Históricos. Esa orientación política representa, a mi juicio, un desatino que persigue desnaturalizar y desvirtuar un elemento vertebrador de todo nuestro andamiaje institucional, integrado, por cierto, en el bloque de constitucionalidad y refrendado por el denostado Tribunal Constitucional. Esa desautorización o desacreditación de nuestro sistema fiscal persigue en realidad deslegitimar la esencia de nuestro autogobierno. ¿Caben posturas ambiguas, asépticas o esquivas ante esta realidad? ¿Cabe admitir sin rubor que ciertos Gobiernos Autonómicos limítrofes a nuestro País encaucen jurídicamente esa opinión, atacando de pleno el sistema, mientras los partidos que los sustentan afirman defender y respetar nuestras instituciones? ¿Cabe mayor hipocresía, disfrazada de complejos argumentos técnico-jurídicos?
4. El día 28 de este mes se celebrará la vista ante el Tribunal de Luxemburgo. Se cuestiona la compatibilidad con el Derecho comunitario-europeo del sistema que ampara la capacidad de nuestros Parlamentos Forales para establecer un marco tributario diferenciado del existente en España. El precedente del caso Azores es determinante para la resolución del debate abierto en sede Europea. Conforme a esa orientación jurisprudencial, nuestro sistema es plenamente acorde a las exigencias del Derecho comunitario, ya que se reúnen los tres requisitos exigidos por el Tribunal de la Unión Europea:
-Las Juntas Generales tienen capacidad competencial Constitucional para decidir los parámetros de esa fiscalidad,
-está reconocida y probada la autonomía procedimental para materializar esa fiscalidad propia, y
-nuestro sistema fiscal vasco asume las consecuencias financieras de esa competencia normativa para fijar el sistema fiscal sin ayudas de Estado.
5. La seguridad jurídica de nuestras inversiones empresariales y de nuestro sistema impositivo, clave para mantener nuestra prosperidad social y nuestro avance comprometido con las nuevas necesidades y sensibilidades de una sociedad moderna, depende de una cuestión prejudicial, de una interpretación técnica, enmarcada en una acción judicial de claro impulso político.
La interacción que el futuro Tratado de Lisboa va a implantar entre las instituciones europeas y los diversos Parlamentos nacionales añade otra poderosa y sugerente razón para reconocer que necesitamos, sea cual sea el pronunciamiento del Tribunal de la Unión Europea, una representación política que crea de verdad en el sistema, que desde Madrid proyecte la verdadera esencia y razón de ser de nuestro sistema fiscal. ¿Han debatido sobre ello los señores Solbes y Pizarro? ¿Pensarán realmente Zapatero o Rajoy en las distorsiones derivadas de esta intencionada puesta en cuestión de nuestro sistema fiscal?.. Que el lector juzgue.
* Catedrático de Dcho. Internacional Privado
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