
Cuando parece que el incierto futuro que se cernía sobre el aeropuerto de Hondarribia está entrando en vías de solución con el cambio de posición de los ayuntamientos de Irun y de la propia localidad costera en contra del acortamiento de la pista por parte de AENA, las disensiones entre las instituciones se han trasladado ahora a Pasaia, donde su consistorio se opone a la aprobación por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa del inicio de los trámites para el desarrollo del Plan Especial del puerto.
La decisión del Ayuntamiento de Pasaia de recurrir a la vía de lo contencioso e incluso a la penal si la Diputación Foral de Gipuzkoa no revoca su decisión, significa una mala noticia para el futuro de la bahía, no porque ponga de relieve el alto nivel de confrontación que existe entre las dos instituciones, sino porque la utilización del recurso a los tribunales significa poner en marcha la maquinaría judicial, con lo que ello supone de retrasar sine die la toma de decisiones en una zona que, con el tiempo, se va a convertir en las más degradada de Euskadi.
Sorprende que esta guerra que el consistorio pasaitarra ha declarado a la Diputación guipuzcoana haya contado con el entusiasta apoyo de los dos concejales del PNV y el edil de EA, que deberían de estar de acuerdo con la decisión de la institución foral que está gobernada por los dos partidos que representan y que coinciden en llevar a cabo cuanto antes la ordenación del puerto de Pasajes.
Todavía llama más la atención que la concejala y candidata al Senado del PSE, Izaskun Gómez, -que por su anterior experiencia como alcaldesa del municipio debe conocer los principios por los que se guía la toma de decisiones de una institución- no sólo esté de acuerdo con la posición numantina que parece haber adoptado el Ayuntamiento de Pasaia, sino que califique como una expresión de "despotismo administrativo y caciquismo" lo que entiende como una "agresión institucional" al derecho a decidir de los pasaitarras en los asuntos que les conciernen. Sobre todo, se entiende menos cuando sus compañeros de partido en el Ayuntamiento de Errenteria son uno de los principales defensores de que el proceso de ordenación portuaria se inicie cuanto antes.
La actitud de algunos de sobreponer los intereses localistas a los generales en un territorio está haciendo que, en un contexto tan globalizado como el que tenemos, Gipuzkoa pueda estar perdiendo grandes oportunidades de desarrollo y progreso económico en beneficio de sus ciudadanos, incluso contando con el apoyo de ayudas comunitarias que se dejaron perder por falta de iniciativa.
Una infraestructura como la del puerto de Pasajes, que es uno de los principales motores de la economía guipuzcoana y que, entre puestos directos e inducidos, da empleo a unas 3.000 personas, no puede estar sujeta al albur de la decisión de un municipio, por mucho que sea el principal afectado, cuando se está poniendo en cuestión los intereses generales del territorio.
En la puesta en marcha del planeamiento y la ordenación de un territorio, como es el caso de la bahía de Pasaia y la futura construcción del puerto exterior, la colaboración institucional debe primar el equilibrio entre la defensa de los intereses de los propios afectados que, en definitiva, serán los primeros beneficiados, y los del resto de los ciudadanos, que también se verán favorecidos en una decisión que debe afectar al interés general.
Cuando el proyecto del Plan Especial del puerto de Pasajes ha estado cuatro años guardado en alguna estantería del Ayuntamiento de Pasaia sin conocer opinión alguna al respecto por parte de sus corporativos durante ese cuatrienio, sorprende que ahora trate de recuperar el tiempo perdido y haya decidido tomar el camino de en medio, justo cuando la Diputación Foral de Gipuzkoa ha decidido poner en marcha la maquinaría administrativa para su aprobación y la Autoridad Portuaria ha elaborado un calendario de actuaciones para la construcción del puerto exterior. Y esto, con un retraso considerable respecto a los planes iniciales.
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