
bilbao. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Fernando Ruiz Piñeiro, y el magistrado Antonio García han señalado al juez que debe resolver sobre su recusación que están capacitados para enjuiciar al lehendakari, Juan José Ibarretxe, los dirigentes del PSE, Patxi López y Rodolfo Ares, y los representantes de Batasuna en el juicio por un presunto delito de desobediencia, ya que en ningún momento procesal se han posicionado sobre el fondo de la causa.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJPV envió ayer al magistrado instructor, Antonio Subinas -el único miembro de esta Sala que no ha participado aún en la causa- los escritos de recusación presentados por la defensa del jefe del Ejecutivo vasco contra estos dos magistrados, por lo que ahora será Subinas quien como instructor deberá resolver si atiende o no a las peticiones para apartar a ambos de la causa. En su evaluación de las demandas, Subinas recibirá los escritos de ambos magistrados que se oponen a su recusación.
En estos informes, Ruiz Piñeiro argumenta que, si bien ha tenido que intervenir a lo largo del proceso que se sigue contra los imputados por reunirse con miembros de la ilegalizada Batasuna, "nunca" se ha posicionado sobre el fondo de la causa.
Así, opina que "no existen motivos legales que sustenten la recusación planteada" por la defensa ya que en las actuaciones ha evitado plasmar "prejuicios" sobre la culpabilidad de los acusados, al tiempo que asegura no haber tenido contacto con el material que se haya acopiado en la fase de instrucción.
El presidente el alto tribunal vasco agrega que "nunca se ha pronunciado públicamente" sobre la imputación a Ibarretxe, "ni siquiera de forma indirecta" y expresa su "sorpresa" por supuestas interpretaciones que medios de comunicación han hecho de sus palabras para deducir "intencionalidades inexistentes". Por su parte, Antonio García señala al instructor que cualquier opinión suya sobre la causa penal que se ha recogido hasta la fecha en diversos medios de comunicación fue realizada en su condición de portavoz de la asociación conservadora de la judicatura y, por lo tanto, son "declaraciones externas al proceso".
Sobre sus actuaciones "en el seno de la causa" en trámite, asegura que las decisiones que adoptó se enmarcan dentro de las cuestiones de legalidad procesal y que no ha entrado a valorar la culpabilidad o no de los imputados.
A juicio del portavoz de la Asociación de Profesionales de la Magistratura, por esas intervenciones no se puede poner "en tela de juicio" su capacidad para enjuiciar el proceso "de forma plena y absolutamente imparcial". >efe
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