Diario de Noticias de Gipuzkoa

La Audiencia Provincial sube a 60.000 euros la fianza exigida a LAB para ejercer la acusación

accede en parte a la petición de bravo, que quiere impedir la personación del sindicato

El juzgado de Irun fijó la cuantía en 3.500 euros pero la Audiencia sugiere que los afiliados pueden pagar la nueva cifra

Donostia. La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha exigido al sindicato LAB el pago de 60.000 euros para poder seguir ejerciendo la acusación popular en el procedimiento abierto por las presuntas malversaciones en la oficina de la Hacienda foral en Irun. De esta manera, aumenta en 56.500 euros la cantidad solicitada al principio de la causa por el juzgado de instrucción número dos de la ciudad fronteriza y accede en parte a la petición de las defensas del principal imputado, el ex responsable de la delegación tributaria irundarra, José María Bravo, y su mujer, Rosa Cobos -también acusada-, quienes habían solicitado una fianza superior con el fin de poner trabas a la personación del sindicato.

En un auto fechado el pasado 4 de febrero al que ha tenido acceso NOTICIAS DE GIPUZKOA, los jueces de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial Yolanda Domeño, Teresa Fontcuberta y Felipe Peñalba estiman en parte los recursos interpuestos por Bravo y su esposa contra un auto del 23 de julio de 2007 de la magistrada instructora del caso, Almudena Ovejero, en el que admitía definitivamente la personación de LAB en el procedimiento pero fijaba la cantidad de 3.500 euros como fianza para ejercer la acusación popular.

Actualmente, además del sindicato, también tiene esa consideración en la causa el ex funcionario y abogado Fernando Argote. Por otra parte, la Diputación guipuzcoana, las Juntas Generales del territorio y un comercio de electrodomésticos de Irun están admitidos como acusaciones particulares.

Los 60.000 euros exigidos a LAB suponen una cantidad poco común en la práctica por ser tan elevada. Por ejemplo, estos días el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha solicitado a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) el pago de 4.000 euros para personarse como acusación popular en la causa abierta contra el presunto entramado de extorsión de ETA. Fuentes jurídicas consultadas aseguran que las fianzas que se suelen exigir para que una persona o entidad no directamente afectada en una causa pueda ejercer esta acusación rondan entre los 2.000 y los 12.000 euros.

Llama la atención en este asunto que la Fiscalía de la Audiencia Provincial se había opuesto a los motivos esgrimidos por Bravo y su mujer para exigir a LAB una fianza mayor.

"larga duración" Los jueces de la Audiencia Provincial argumentan que "la personación como acusación popular de LAB en un procedimiento cuya larga duración es fácilmente presumible, añade una mayor complicación en su trámite, con las consiguientes dilaciones en la instrucción". Por ello, entienden que "los perjuicios para los imputados resultan evidentes, máxime si se tiene en cuenta que la admisión de una personación con la única exigencia de una fianza de escasa cuantía, podría dar lugar a que otras personas o entidades decidieran también actuar en la misma condición, situación que debe evitarse y que obliga a fijar una fianza que, sin resultar inasumible, suponga algún esfuerzo al sindicato".

Los tres magistrados aseguran que desean, por una parte, "evitar que quien realmente ostenta un interés legítimo en el ejercicio de la acción, no se vea privado de su derecho, por la exigencia de una fianza que no puede prestar" y, por otra, "evitar también la personación injustificada o caprichosa o aquella que ocasione mayores dilaciones y perjuicios a los imputados".

La Audiencia admite que la presencia de la central puede estar justificada por la defensa de los intereses de los trabajadores, considerada como bien jurídico, pero cree que "la capacidad económica de LAB permite exigir una fianza muy superior; no hay que olvidar que el gran número de trabajadores que, según el sindicato, ostentan interés en el esclarecimiento de los hechos, pueden, en contrapartida, colaborar en el cumplimiento de la obligación exigida".

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