
Donostia. La Comisión Europea ganó ayer la primera batalla al Estado en la pugna que libran en torno al sector energético donde el lobby franco-alemán está presionando para modificar las condiciones que, de forma indirecta, a EDF, o, de forma directa, a E.ON, ha impuesto el Gobierno español para proteger sus intereses estratégicos.
El Tribunal de Justicia de la UE, radicado en Luxemburgo, declaró ilegal la denominada Ley Rato, diseñada en 1999 para frenar la entrada de la empresa pública francesa EDF en Hidrocantábrico. Esta resolución llega en un momento de especial efervescencia en el mercado energético peninsular por las continuas especulaciones sobre el futuro de la eléctrica vasca Iberdrola.
La Ley Rato, también llamada anti-EDF, podría haber supuesto un impedimento para los planes del gigante nuclear francés respecto a Iberdrola. Esta regulación establece que cualquier empresa extranjera con capital público que quiera comprar más del 3% de una eléctrica española tiene que pedir autorización al Gobierno. Luxemburgo considera que esta norma "puede disuadir a las entidades públicas establecidas en otros Estados miembros de adquirir participaciones en las empresas españolas que operen en el sector energético y, por tanto, constituye una restricción a la libre circulación de capitales".
España modificó esta ley en 2003 tras una primera sentencia negativa del Tribunal de Luxemburgo, pero los cambios no fueron suficientes para la CE.
El ministro de Economía, Pedro Solbes, aseguró que cree que se recurra el fallo. El ministro sugirió que el Ejecutivo acatará la sentencia.
Pero este no es el único caso en el que Bruselas ha llevado al Estado ante el Tribunal. Como se recordará, la Comisión Europea ya lo hizo el año pasado por las condiciones que impuso a E.ON en su opa sobre Endesa. Ahora, también están en camino las de Enel y Acciona. Curiosamente, el ex presidente de Endesa, ahora candidato del Partido Popular, Manuel Pizarro, se manifestó a favor de la Ley Rato. Tras la sentencia del tribunal, el PP expresó ayer su exigencia a la CE para que impulse las privatizaciones en la UE, en referencia a EDF.
Por otra parte, la compañía Iberdrola ha recibido el apoyo de grupos neoyorquinos de defensa del medio ambiente y de desarrollo económico a su proyecto de adquisición de Energy East, cuya aprobación depende del juez Rafael E. Epstein. >N. G.
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