Diario de Noticias de Gipuzkoa

Miércoles, 13 de febrero de 2008

Foros
Hemeroteca

Editorial

Esclarecer las sospechas

hace ahora un mes, llamó poderosamente la atención que el mismo Grande Marlaska , un juez nada sospechoso -sino todo lo contrario- de poner trabas garantistas a la lucha antiterrorista, concediera crédito y enviara al juzgado de San Sebastián que instruye la causa abierta por posibles torturas las declaraciones de Igor Portu y Mattin Sarasola , los presuntos miembros de ETA detenidos por la Guardia Civil en Arrasate. La sospecha generada en amplios sectores de la sociedad vasca a raíz de que uno de los supuestamente autoinculpados del atentado de la T-4 de Barajas fuera trasladado a la UCI del Hospital Donostia con una costilla rota y el pulmón perforado nada menos que quince horas después de su detención empezaba a cobrar alguna dosis de verosimilitud, más allá de las denuncias de la propia izquierda abertzale, ante la escasa credibilidad de la versión oficial e independiente de la presunción de inocencia que asiste a todas las personas. Ayer, el juez instructor se decidió a llamar a declarar, en calidad de imputados, a los ocho guardias civiles que participaron en la detención y traslado de Portu, un paso procesal tan valiente como delicado que aporta aún más dosis de sospecha en un caso en el que la verdad oficial abanderada por el Instituto Armado, y a la que se aferró el propio ministro Alfredo Pérez Rubalcaba , ya venía turbia. Habría que remontarse dos décadas atrás para recordar una imputación colectiva de agentes de la Guardia Civil, un cuerpo cuyas prácticas están especialmente protegidas por el Estado, cuando una juez de instrucción citó a 30 imputados, y varios de ellos luego condenados, en el caso Linaza . Los diputados de PSOE y PP cerraron filas hace un mes para impedir que el ministro del Interior explicara en el Congreso todas las interrogantes que aún siguen abiertas en torno al caso Portu . La causa de la defensa de los derechos humanos en la lucha contra ETA saldría ciertamente tocada si tiene que ser un juez quien deba esclarecer las sospechas frente a la cerrazón del Gobierno. Y el debate ya no es si los malos tratos, reconocidos reiteradamente por los informes de Amnistía Internacional, se producen de una forma sistemática o puntual, sino hasta dónde llega el manto de la impunidad y si las sospechas sin esclarecer pueden mermar la carga ética que debe primar en la lucha antiterrorista.