
Donostia. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa también ha presentado un escrito a la magistrada instructora del caso de las presuntas malversaciones en la oficina de Hacienda de Irun en el que pide que se desestime el recurso de apelación de la defensa del ex jefe de dicha delegación tributaria y principal imputado, José María Bravo, sobre la puesta en libertad del imputado. El fiscal Javier Larraya ha vuelto a incidir en la existencia de "un evidente riesgo de fuga" de Bravo, por lo que solicita a la jueza Almudena Ovejero que remita a la Audiencia Provincial (que será la encargada de dilucidar en última instancia la situación personal del imputado) el testimonio de Bravo y su mujer, Rosa Cobos -también imputada- y las liquidaciones de la venta de la villa en Urruña.
El Ministerio Fiscal, al igual que hizo cuando rechazó el mes pasado la solicitud de puesta en libertad de Bravo, recuerda que el acusado "no ha restituido todavía nada de la cantidad supuestamente apropiada superior a 1.700.000 euros" a pesar de que, tras desprenderse del inmueble en Iparralde el funcionario de Hacienda obtuvo 625.000 euros (la mitad del importe de venta). Posteriormente, Bravo aportó 125.000 euros a la causa como "símbolo de buena voluntad" pero el fiscal Larraya entiende que "es una cantidad pequeña frente a la presuntamente apropiada" y que el imputado, "aunque ha tenido con anterioridad disponibilidad de la cantidad asignada (los 125.000 euros), no ha atendido a los requerimientos de fianza y embargos realizados" por la jueza.
Por todo ello, la Fiscalía considera que "las cantidades supuestamente apropiadas, de más de 1.700.000 euros, podrían facilitar la huida del imputado y asentamiento en terceros países, eludiendo la acción de la Justicia".
Por su parte, las Juntas Generales de Gipuzkoa, personadas como acusación particular, también han rechazado la puesta en libertad de Bravo por entender que no han variado las condiciones que motivaron su encarcelamiento.
La defensa de Rosa Cobos, sin embargo, se ha adherido al recurso de apelación de su marido porque cree que el último auto de prisión de la jueza es "contradictorio" y asegura que "no hay dato objetivo y acreditado del que pueda inferirse riesgo de fuga".
Por otra parte, B.F.C., un asesor fiscal de Irun que estaba citado para el próximo 5 de marzo como testigo en la causa judicial falleció este jueves. Esta persona había sido requerida anteriormente por la jueza pero no pudo asistir por motivos de salud. >p.s.
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