
Bravo, cuando abandonó Martutene el 12 de junio de 2007 tras pagar una fianza de 400.000 euros.Foto: k.c.
Donostia. La Diputación de Gipuzkoa, que ejerce la acusación particular en el procedimiento judicial por las presuntas malversaciones en la oficina de la Hacienda del territorio en Irun, asegura que dejar en libertad al principal imputado, el ex responsable de esa delegación tributaria, José María Bravo, supondría un "escándalo social". Esta es una de las razones que el Ejecutivo foral aduce para rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado para que se le retire la prisión provisional sin fianza que pesa sobre él desde el pasado 11 de julio.
En un escrito dirigido a la jueza al que ha tenido acceso NOTICIAS DE GIPUZKOA, el abogado de la Diputación, José Ricardo Palacio, entiende que los más de siete meses que Bravo lleva en la cárcel de Martutene -en la que anteriormente estuvo entre el 18 de mayo y el 12 de junio en régimen de prisión provisional con fianza- constituyen "un escasísimo período de tiempo en relación con la pena privativa de libertad que al acusado le puede corresponder por sentencia".
Al igual que en un anterior escrito en el que se opuso también a la puesta en libertad de Bravo, la Diputación afirma que esa medida "comportaría el riesgo de que el acusado trate de ocultar pruebas, en unos momentos en que aún se están investigando nuevas irregularidades cometidas por él mismo en al menos una treintena de expedientes". El ente foral sospecha que, si Bravo saliera de la cárcel, "le sería fácil ponerse en contacto con esos nuevos contribuyentes para influir en sus declaraciones" ante la jueza instructora del caso, Almudena Ovejero.
La Diputación enumera en su escrito los delitos en los que, a su entender, incurrió Bravo durante los catorce años que ejerció de jefe por delegación de la oficina de Irun. El ente foral le acusa de un delito de malversación de caudales públicos "por un importe muy próximo a 1.800.000 euros" y añade que esa cantidad "puede verse incrementada cuando se hagan entrega al juzgado de los expedientes en que se han examinado nuevas irregularidades cometidas por el acusado".
Además, le atribuye un delito de falsedad en documento oficial por haber realizado "falsas insolvencias y prescripciones de deudas, ficciones de embargos, ficciones de irrreales ingresos monetarios en las arcas forales; y simulación de una deuda tributaria inexistente".
Por otro lado, considera que Bravo cometió un delito de estafa porque, en un caso, "cobró una deuda tributaria cuando ya no trabajaba en la oficina de Irun y era excedente en Hacienda, haciendo creer al contribuyente que las cantidades abonadas por éste iban a ser abonadas en las arcas forales". La Diputación le acusa también de prevaricación por haber realizado "resoluciones arbitrarias de condonación parcial de deuda cuando no existía orden foral que permitiese tales minoraciones". Por último, el ente foral afirma que Bravo cometió un delito continuado de fraude y exacciones legales y un delito de alzamiento de bienes por la venta de su anterior domicilio en una villa de Urruña, "haciendo desaparecer el importe de la venta".
La suma de las posibles penas por esos delitos excede los quince años, señala la Diputación, razón por la que piensa que es "motivo suficiente para que el acusado tenga la tentación de sustraerse a la acción de la Justicia".
"otra actitud" Del mismo modo que señaló en su escrito anterior la Diputación se compromete a tener "otra actitud muy distinta respecto a la situación personal del imputado si éste decide cooperar en la investigación judicial, asumiendo la responsabilidad que le incumba en los hechos y realiza un reintegro sustancial de las cantidades apropiadas".
Finalmente, el letrado de la Diputación indica que "de los 1.800.000 euros apropiados por el acusado, ha reintegrado al juzgado algo menos de 400.000 euros y ello cuando se ha descubierto que, estando ya imputado, vendió su domicilio familiar e hizo desaparecer el importe de la venta". Por todo ello, el Ejecutivo foral solicita a la jueza que remita los autos a la Audiencia Provincial para que se rechace la petición de la defensa y se confirme la prisión incondicional". El pasado 10 de enero la magistrada denegó ésa solicitud por entender que existía un "elevado riesgo de fuga" del imputado.
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