
Kepa Bereziartua y Arantza Urkaregi, ayer, en su camino a la Audiencia Nacional.Foto: efe
donostia. El juez Baltasar Garzón aportó ayer una nueva muestra del grado de inconcreción e improvisación que rodea a las acciones judiciales puestas en marcha contra las siglas políticas consideradas herederas de Batasuna. El magistrado imputó a tres miembros de ANV un presunto delito de colaboración con organización terrorista y otro de asociación ilícita tras quedar en evidencia que, si no personalizaba la causa abierta contra el partido, incurría en un error procesal que podría hacer inviable decretar la suspensión cautelar de sus actividades, tal como pide la Fiscalía y la acusación popular.
Tan sólo 26 líneas bastaron al juez de la Audiencia Nacional para poner nombres y apellidos a una imputación que hasta ahora sólo pesaba de manera genérica sobre las históricas siglas de la izquierda abertzale. Tras mantener una audiencia de algo más de dos horas con los representantes de ANV, Garzón dio el salto de personalizar las acciones contra la formación señalando a su presidente, Kepa Bereziartua, a la apoderada de las cuentas, Alazne Arozena, y al que fuera secretario general del partido entre junio de 2002 y octubre de 2007, Antxon Gómez, como presuntos responsables de "la financiación de actividades terroristas por parte de ETA-Batasuna".
Toma así forma "la individualización y depuración de responsabilidades penales" anunciada por la Fiscalía.
prisa Muestra de la celeridad con la que Garzón redactó el auto -además del hecho de que ni siquiera esté bien escrito el apellido de Bereziartua ninguna de las tres veces que se cita-, es que el juez Garzón señala hasta en dos ocasiones que en su momento "se concretarán" otros posibles imputados en la disposición de "fondos y cantidades a favor de Batasuna y sus responsables". El juez incide además en su tesis de que "todo es ETA" y apunta la posibilidad de que los tres imputados pueden haber "dirigido y diseñado mecanismos de financiación" de las "actividades terroristas desarrolladas por ETA-Batasuna-Ekin-Segi-Gestoras-Askatasuna".
Lo paradójico es que fue el propio abogado de ANV, Iñigo Iruin, quien puso sobre la mesa el requisito procesal que se estaba pasando por alto para dictaminar la suspensión de actividades de la formación, que Garzón podría confirmar mañana mismo, según fuentes judiciales.
"Visto el revuelo que ha habido en la sala y las notas que han empezado a intercambiarse los fiscales, parece evidente que no se habían percatado de que sin imputación a personas físicas no caben medidas cautelares, a pesar de tratarse de un principio básico para cualquier penalista", aseguraron fuentes de la defensa, que consideraron totalmente "irregular" la "prisa" con la que se redactó el auto de imputación a Bereziartua, Arozena y Gómez.
"En un procedimiento normal, la imputación no se hubiera realizado sin antes citar a las tres personas aludidas y tomarles al menos declaración. Pero parece que todo vale, incluso los desafueros procesales, ante el vértigo que produce la cercanía del 11 de febrero -día de proclamación de las candidaturas electorales-", expusieron.
fiscal La fiscal Dolores Delgado aprovechó su intervención para explicar que las pruebas recabadas con motivo del arresto de parte del Mesa Nacional de Batasuna en Segura el pasado 4 de octubre han sido determinantes en el proceso, lo que justifica que no pidiera antes la ilegalización de ANV, pese a que aseguró que existen pruebas incriminatorias desde junio de 2007.
Frente a la tesis de Iruin relativa a que la no condena de atentados no puede ser la base para ilegalizar un partido, aseguró que ANV no sólo no condena sino que justifica las acciones de ETA, como queda probado en episodios como el aplauso que pidió recientemente para Igor Portu y Mattin Sarasola la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia.
El error relativo a la personificación de la causa no fue el único que quedó ayer evidencia. El Tribunal Supremo aprovechó la presencia de Bereziartua en la Audiencia Nacional para notificarle las demandas interpuestas contra ANV en esta instancia, después de que el alto tribunal diera cuenta de las mismas el viernes al ex secretario general Antxon Gómez, que contestó a través de un burofax que ya no pertenecía a la dirección de la formación. El error provocó que el plazo de ocho días que tiene ANV para presentar alegaciones comenzara a correr ayer. >j.guindo/agencias
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