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ilegalización: El día después

La cita electoral del 9 de marzo es el faro que guía el proceso de ilegalización para evitar que ANV y EHAK se presenten al mismo. Sin embargo, ¿qué sucederá con sus actuales dirigentes y cargos electos? ¿Podrán agotar sus respectivas legislaturas? ¿Qué pasos cabe dar tras la futura sentencia del Supremo?

t AL y como lo han venido afirmando por activa y por pasiva los principales espadas del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, el principal objetivo del proceso de ilegalización contra EHAK y ANV es evitar que los actuales representantes de la izquierda abertzale tradicional en las instituciones vascas puedan concurrir a las elecciones generales del 9 de marzo. Sin embargo, su expulsión del marco legal de partidos dará pie a un escenario con flecos nada sencillos de resolver, dada su profunda implantación en las instituciones vascas, con 9 parlamentarios la primera formación y 437 concejales -incluyendo 42 alcaldías- la segunda. De ahí la prudencia demostrada el pasado viernes por el Tribunal Supremo a la hora de evitar acometer una suspensión cautelar de las actividades de dichos partidos, tal y como le había solicitado la Fiscalía General del Estado, sin haber escuchado antes siquiera a las partes.

A pesar de que EHAK y ANV pueden llegar a ser ilegalizadas por el Alto Tribunal, como ya ocurrió en 2003 con Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna, este hecho afectaría tan sólo a sus marcas electorales. Sus integrantes mantendrían sus cargos a título personal y, como consecuencia, podrían seguir llevando a cabo su actividad habitual, como han hecho hasta ahora, hasta el final de la legislatura.

A este respecto, el abogado Txema Montero explica que "se suspenderían los partidos políticos pero se mantendrían los escaños o cargos públicos individuales, que son siempre a título personal. Si un partido es declarado ilegal en Alemania, todos los escaños y actas que ocupan son ilegales y, por tanto, nulos. Pero con la Constitución española no sucede lo mismo, porque aquí las actas son personales, como tiene dicho muchas veces el Tribunal Constitucional". El propio Montero apuntaba la única posibilidad que existe de actuar contra los dirigentes y cargos públicos de ANV y EHAK al señalar que, tras una ilegalización, todos ellos "mantienen sus cargos salvo que haya una condena individual a un parlamentario con inhabilitación, como es el caso de Kontxi Bilbao con la condena del Supremo -sobre el caso Atutxa-".

La abogada Jone Goirizelaia, que lleva la defensa de EHAK en este proceso, aseguraba por su parte que para ir más allá de la ilegalización de los partidos de la izquierda abertzale radical "lo único que podría hacer -el Tribunal Supremo- es modificar la ley o actuar contra ellos, celebrar un juicio, condenarles y, de resultas, inhabilitarles. Si no, no es posible".

Agregaba que este supuesto "es algo prácticamente imposible, de hecho el grupo Sozialista Abertzaleak funcionó durante toda la legislatura", en referencia a la ilegalización del grupo parlamentario SA en 2003. A pesar del escepticismo mostrado por Goirizelaia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional dio el pasado viernes el primer paso para actuar contra los cargos de ANV y EHAK al anunciar que, en el futuro, les imputará de forma individual por los presuntos delitos de integración en organización terrorista y fraude de subvenciones públicas.

De esta forma, se evitaría que ambas formaciones concluyeran, de facto, sus respectivas legislaturas -en el caso de EHAK a escasos meses vista, dado el previsible adelanto de las elecciones autonómicas-. De cualquier forma, no podrían hacerlo en las mismas condiciones, ya que el grupo parlamentario de EHAK, Ezker Abertzalea, perdería dicho estatus y debería integrarse en el Grupo Mixto de la Cámara vasca, actualmente formado por los tres parlamentarios de Ezker Batua y la única representante de Aralar.

En este caso, las subvenciones como grupo que recibirían serían sensiblemente inferiores a las actuales, que ascienden a 210.516 euros (más el IPC) al año, junto a las subvenciones por escaño, 35.076 euros, lo que da un total de 315.684 euros. Los miembros de Ezker Abertzalea también tendrían que compartir otras cuestiones como los tiempos de intervención o el trabajo en comisiones.

De cualquier modo, la posibilidad de que el próximo viernes, tras escuchar a las partes afectadas, el Tribunal Supremo adopte medidas cautelares de forma individual contra los actuales dirigentes y cargos electos de ANV y EHAK se antoja muy improbable. "Sería muy llamativo que el Supremo dijese también que los actuales alcaldes, concejales y parlamentarios tienen que dejar de serlo, porque eso no es lo que dice la ley tal y como se ha interpretado por el Tribunal Constitucional hasta ahora", señalaba Montero.

Más taxativa se mostraba Goirizelaia al asegurar que "no se puede hacer la ilegalización con carácter retroactivo, está prohibido por ley. La ley impide la retroactividad de las leyes penales porque no se puede aplicar a nada que vaya en contra. Sólo se permite si es para una resolución más beneficiosa y en este caso es imposible". El juez Garzón tendrá antes la palabra, con las vistas que celebrará hoy y mañana con EHAK y ANV, y tras las que podría decretar la suspensión cautelar de la actividad de ambas.

Desde la Junta Electoral Central no pudieron arrojar demasiada luz a este respecto y, a preguntas de este diario, un portavoz de este órgano se limitó a decir que "hay que esperar a ver qué se decide en el ámbito judicial para comprobar cómo puede afectar la ilegalización a instituciones que tengan representación ahora mismo, como los ayuntamientos. Nosotros no podemos hacer nada más aparte de lo que decidan los tribunales. La Junta Electoral, desde luego, esperará a lo que digan los tribunales".

Menos dudas genera el que será el sentido final de la sentencia de ilegalización del Tribunal Supremo, cuando llegue el momento de dictarla. El experto en Derecho Administrativo José Gabriel Mariscal señalaba que "en mis tiempos se solía decir que los jueces eran los únicos que hacían milagros, o sea que a lo mejor en este caso sucede así, pero yo creo que no. Todos sabemos lo que va a decir el Tribunal Supremo porque, de hecho, ya lo ha dicho. ¡Es que van a por eso! La misma sentencia del caso Atutxa -emitida por el propio Alto Tribunal- es una vergüenza por dos razones, en sí misma y en comparación con el caso Botín . Es un escándalo".

la vía europea El paso siguiente a la previsible sentencia de ilegalización, el de la interposición de los pertinentes recursos, deberá mirar invariablemente a la instancia judicial inmediatamente superior, el Tribunal Constitucional. El abogado, ex vocal del CGPJ y candidato del PNV al Congreso por Araba, Emilio Olabarria, afirmaba sobre esta cuestión que "el recurso posible es al Tribunal Constitucional, si se interpreta que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. Agotada esa vía, a través del consiguiente recurso de amparo se podría acudir, como ya ha hecho Batasuna, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por haberse vulnerado los derechos de asociación, expresión y participación en asuntos públicos, que son los tres motivos por los que ha sido tomada en consideración la demanda" de la formación ilegalizada.

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