Diario de Noticias de Gipuzkoa

Preguntas sin respuesta

EL Gobierno de España, por muchos intentos que hagan su ministro de Justicia y su vicepresidenta, continúa sin ofrecer una explicación convincente sobre el momento elegido para presentar la demanda de ilegalización contra ANV y EHAK. Porque una cosa es cierta, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero anda tarde, muy tarde, y no hay manera legal de que el próximo 9 de marzo ANV y EHAK estén ilegalizadas. Con lo cual, el de Zapatero va a ser el primer Gobierno que impide a dos formaciones legales presentarse a unas elecciones sin que medie una sentencia firme y contando únicamente con decisiones judiciales provisionales -y por tanto, teóricamente modificables-.

Es lógico que esta osadía procesal del Gobierno de Zapatero, unida a las declaraciones de María Teresa Fernández De la Vega, asegurando al 100% que ni ANV ni EHAK estarán en las próximas elecciones, haya provocado cierto malestar entre algunos miembros de la magistratura porque les ningunea manifiestamente. En un Estado de derecho con una fiscalía teóricamente independiente también resulta llamativa la curiosa coincidencia de que los abogados del Gobierno por un lado, y los fiscales supuestamente independientes por otro, lleguen a la misma conclusión el mismo día y a la misma hora, pero en España este tipo de disquisiciones parecen ser meras sutilezas propias de tiquismiquis.

En todo caso, queda completamente descartada la posibilidad de un revés jurídico para los intereses gubernamentales y es en este contexto precisamente donde adquiere fuerza la pregunta de por qué ha esperado tanto Zapatero. Una pregunta todavía sin respuesta, que abre la vía a toda suerte de especulaciones.

Otra de las preguntas sin respuesta que ha dejado la semana es la de la identidad del obispo que votó en contra de la nota publicada por la Comisión Permanente de los prelados españoles. ¿Pudo haber sido el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, único vasco de la Comisión? Es una hipótesis plausible, viendo el contraste entre el magisterio de los obispos vascos y lo que dice la nota de la Permanente. Pero es también una mera especulación, porque nadie quiere identificar al monseñor díscolo. Lo cierto es que, a pesar de haber sido interpretada como una nota de censura al PSOE, el documento de los obispos -carente, por otro lado, de autoridad pastoral-apunta directamente a la situación del País Vasco y trata de construir un discurso que prescinde absolutamente del concepto de diálogo para solucionar conflictos, además de azuzar fantasmas sobre supuestos peligros separatistas y dejar sentado que, si hubiese algún marco que modificar, todos los españoles deberían ser consultados.

Esa idea de "vivimos juntos, decidimos juntos" ya se la dijo José Luis Rodríguez Zapatero a Ibarretxe cuando el Congreso español se negó a debatir el proyecto de Nuevo Estatuto.

Los obispos la reiteran ahora utilizando como fuente de supuesta autoridad una cita de Benedicto XVI. Pero olvidan por completo el mandato que recibieron por parte del propio Ratzinger para superar los obstáculos que pudieran presentarse en el proceso abierto tras la tregua declarada por ETA en marzo de 2006.

Como olvidan también otros pronunciamientos papales, como los de Juan Pablo II recordando en el año 2000 que "el diálogo se presenta siempre como instrumento insustituible en toda confrontación" o aquel otro en el que, dirigiéndose a las Naciones Unidas, aseguró que toda nación tiene derecho a existir, y a pesar de que no siempre es necesario que cuente con un Estado propio (porque caben otras fórmulas como amplias autonomías, federaciones o confederaciones), "esa decisión tiene que producirse en un clima de verdadera libertad, garantizada por el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos".

Consideraciones todas ellas que los fieles vascos deberán desempolvar al leer la nota de la Permanente, salvo que sus obispos, como han hecho los catalanes, siempre tan prácticos, se decidan abiertamente a desautorizar a sus colegas de la meseta.

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