Las empleadas del geriátrico de Zumarraga mantienen la huelga
denuncian posibles despidos tras la privatización del centro
Reclaman al ayuntamiento que garantice la subrogación y critican a la Diputación
Un transeúnte pasa delante de la concentración de trabajadores en Zumarraga.Foto: asier zaldua
Donostia. La treintena de empleadas del geriátrico Faustino Orbegozo de Zumarraga que iniciaron una huelga el pasado 16 de enero anunciaron ayer que seguirán manteniendo esta medida mientras el Ayuntamiento de esta localidad no garantice la subrogación de las trabajadoras.
Estas trabajadoras iniciaron la huelga para denunciar la privatización del servicio y la posibilidad de ser despedidas tras la conversión del centro en un nuevo gerontológico.
La asamblea de trabajadoras acordó por unanimidad iniciar este paro a través del cual reclaman la subrogación de todo el personal en las mismas condiciones actuales. En el caso de que esto no sea posible, las empleadas demandan un "compromiso de recolocación" por parte del Ayuntamiento de Zumarraga, "como había prometido".
El sindicato ELA informó ayer de que, a pesar de que existen conversaciones con la representación del Ayuntamiento, "no hay ningún compromiso en la subrogación de las trabajadoras".
Según explicaron las trabajadoras, la privatización de la residencia supone un sensible empeoramiento de sus condiciones laborales ya que deben trabajar "más horas con 6.000 euros anuales menos".
La asamblea de trabajadoras reivindica a las instituciones el compromiso de que todo el personal que trabaja actualmente en el gerontológico Faustino Orbegozo continúe trabajando en el nuevo centro, que se le garanticen las actuales condiciones laborales (incluidas las económicas), la recolocación por parte del Ayuntamiento en caso de que no sean asumidas las condiciones anteriores y la prioridad de las trabajadoras en la bolsa de trabajo para las nuevas plazas que surjan en el nuevo centro.
Aunque las negociaciones se están llevando a cabo con el Ayuntamiento, ELA denunció que "la diputada de política social, Maite Etxaniz, y el director general de Atención a la Dependencia, Juan Ramón Larrañaga, " se desentienden de la subrogación de las trabajadoras".
En este punto, la central calificó de "rechazable" la política social del ente foral y critica "la privatización de los servicios sociales que supone propiciar el negocio y un encarecimiento del ya caro servicio de personas mayores". Asimismo, denunció que la Diputación no contrate al personal de este geriátrico "cuando tiene un superávit de 1.156 millones". >n.g.
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