
Tribuna Abierta
Uno de los pilares en que se basa la confianza de los ciudadanos hacia el sistema democrático es tener la convicción de que el Estado de Derecho nunca traspasa los límites de la legalidad vigente en su empeño por defender los intereses generales y, en concreto, en lo concerniente al problema del terrorismo y su erradicación, que se llevará a cabo dentro de los límites establecidos por las leyes y el escrupuloso respeto a los derechos humanos.
Ante la violencia de ETA solo es aceptable ética y políticamente su condena y deslegitimación absolutas, sin matices. Pero esta postura no conlleva tener que estar de acuerdo con cualquier forma de combatir dicha violencia. No todo vale en la lucha contra ETA, incluso aunque se haga bajo el amparo teórico del Estado de Derecho.
A los ciudadanos, que aceptamos las reglas del sistema democrático, que apostamos decididamente por las vías pacíficas y democráticas, nos corresponde ser responsables y no pasivos ni indiferentes. En la lucha contra ETA algunos se empeñan en establecer una falsa dicotomía en términos de "o estás contra ETA y apoyas todo lo que se hace en la lucha contra ella o estás a favor de ETA y la violencia", como si fuera una película en blanco y negro, sin matices. Pero es perfectamente legítimo ser capaz de compatibilizar, -en ningún caso equiparar ni comparar-, la condena sin paliativos del terrorismo de ETA con el cuestionamiento de la Ley de Partidos y su aplicación o del sumario 18/98. Negar esa posibilidad o considerarla síntoma de ambigüedad, equidistancia o incluso complicidad, a quien, condenando taxativamente la violencia, mantiene una postura crítica o al menos pone en cuestión determinadas actuaciones del Estado de Derecho, es un elemento negativo para la vitalidad democrática de nuestra sociedad.
Hay varios casos donde la credibilidad del Estado de Derecho parece estar en juego o que, al menos, han creado grandes dudas entre numerosos ciudadanos. Entre estos hechos podemos citar el proceso desarrollado en torno al sumario 18/98, en el que hay aspectos que cuestionan su credibilidad y, con él, la del propio Estado de Derecho como así lo han expresado en mayor o menor medida juristas nada sospechosos; determinadas actuaciones judiciales poco claras o contradictoras, al menos en apariencia, y que no llegan a la ciudadanía de forma comprensible; el proceso seguido en el cierre de Egunkaria , del que se van a cumplir cinco años, cuando el cierre un diario en democracia constituye un hecho de excepcional gravedad porque atenta contra derechos fundamentales; o la sombra de tortura y los malos tratos, donde debería quedar claro que el Estado ha establecido los mecanismos necesarios para que estas situaciones no se produzcan y que, ante cualquier sombra de duda, se esclarecerán y se conocerá la verdad.
Estas cuestiones, entre otras, deberían ser motivo de preocupación entre la ciudadanía y ante ellas se debería mantener una postura razonablemente crítica y vigilante, porque es mucho lo que está en juego. Por desgracia, en esta película en blanco y negro, y seguramente como otra de las lamentables consecuencias de la persistencia del terrorismo, en muchos casos no sólo se admite y aplaude todo lo que se haga con motivo de la lucha contra ETA, sino que se niega cualquier legitimidad a su cuestionamiento, a pesar de que haya principios fundamentales -como la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley o la apuesta por una justicia garantista-, que pudieran quedar en entredicho.
Nosotros reivindicamos una ciudadanía adulta, responsable, formada e informada, activa y preocupada por el bien común, comprometida con una sociedad más justa y tolerante, implicada radicalmente en la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Una ciudadanía que debe estar alerta y no pasiva ni indiferente ante las actuaciones del Estado de Derecho, como si nada pudiera cuestionarse y todo fuera ya legítimo por ser "legal". Y esa es la auténtica actitud de defensa del Estado de Derecho y lo que nos llena de legitimidad a la hora de ser radicales en la defensa de los derechos humanos y el de la vida como primero de todos ellos, sin el cual ninguno de los demás derechos puede ser ejercido.
Tampoco podemos olvidar que hay quienes utilizan la crítica al Estado de Derecho para justificar y legitimar la violencia y el terrorismo de ETA. Y ese es un límite que nunca se debe rebasar. Nuestro deber de deslegitimar la violencia nos fuerza a valorar el cómo, dónde y con quién de nuestras críticas, para asegurar que son claras y sin posibilidad de manipulación. Esta cautela, no sólo daría coherencia a la crítica, que tantas veces falta, sino que la haría más eficaz. No hay duda de que las formas y la coherencia son importantes y lógicamente también lo es mantener nuestro espíritu crítico.
* Gesto por la Paz
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