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Sábado, 26 de enero de 2008

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El Gobierno arranca su ofensiva contra ANV y EHAK, que el PP cree "estratégica"

los 'populares' exigen la disolución de los ayuntamientos de la izquierda abertzale

Los partidos afectados denuncian la "pasividad" de otras formaciones políticas

Fernández de la Vega, ayer, tras el Consejo de Ministros.Foto: efe

MADRID. Si el Gobierno del PSOE va ya por su cuenta y riesgo un paso por delante de la Justicia al dar por consumada la ilegalización de ANV y EHAK, el PP le exigió ayer que dé todavía un salto de mayor longitud y demuestre que no actúa condicionado por la coyuntura electoral, incluyendo en las demandas que preparan sus servicios jurídicos la petición de disolver los 42 ayuntamientos vascos gobernados por la izquierda abertzale. De lo contrario, según los populares, quedará demostrado que la ofensiva contra estos partidos a la que el Ejecutivo dio luz verde ayer es sólo "estratégica".

Como era previsible, el Consejo de Ministros dio ayer su visto bueno a la Abogacía del Estado para que inicie las acciones que considere oportunas contra las siglas que cree herederas de Batasuna, ya sea por el procedimiento ordinario previsto en la Ley de Partidos o en ejecución de la sentencia que decretó la disolución de esta formación. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, garantizó ayer que "de ninguna manera" va a "quedar hueco" para que ANV y EHAK puedan concurrir a las elecciones generales del 9 de marzo, porque existen pruebas de que se han situado fuera de la legalidad.

Los servicios jurídicos del Estado también están facultados para impugnar las candidaturas o agrupaciones de electores que se pudieran presentar vinculadas a cualquiera de las dos formaciones, así como para actuar si se "resucitara un partido dormido". "Todos los campos están cubiertos y en todos se va a actuar", aseguró De la Vega.

demandas El servicio jurídico del Estado y la Fiscalía interpondrán sus demandas la próxima semana ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo. No obstante, el PP advirtió de que no contarán con su visto bueno si se quedan a medio camino.

Para que no suceda, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, exigió al Gobierno que solicite la aplicación de un punto incluido por el PSOE y el PP a raíz de la aprobación de la Ley de Partidos en la Ley de Bases de Régimen Local, que contempla "expresamente la posibilidad de disolución de las Entidades Locales que den cobertura al terrorismo". "Esta es la primera vez en que resulta necesaria la aplicación de esa previsión. Y, si el Gobierno no la aplica, la gente podrá pensar que la solicitud de ilegalización de ANV no responde a una cuestión de cumplimiento de la ley, sino de estrategia", dijo.

La portavoz del Ejecutivo vasco, Miren Azkarate, destacó también el cariz "electoralista" de la ofensiva contra la izquierda abertzale y aseguró que no se habría producido si el proceso de paz siguiera abierto.

Por otra parte, y tras intentar sin éxito el jueves consensuar con el resto de grupos una declaración institucional contra los procesos de ilegalización abiertos, el grupo de EHAK en el Parlamento Vasco registró ayer una propuesta en la Cámara para que ésta inste al Ejecutivo central a que "retire" sus demandas.

La iniciativa, una proposición no de ley, fue presentada con carácter de urgencia con el fin de que sea debatida en el pleno del 1 de febrero. En un comunicado, la formación acusó a los partidos vascos de "pasividad" ante esta "gravísima situación" y acusó a Zapatero de haber emprendido una "huida hacia adelante".

Mientras, la cabeza de lista de ANV para el Congreso de los Diputados por Navarra, Mariné Pueyo, acusó al Gobierno de pretender "colapsar el movimiento político que puede instalar un cimiento democrático sólido" en Euskadi.

Aseguró que los miembros del partido acudirán a su cita con Baltasar Garzón el 5 de febrero "preocupados" pero "orgullosos" y animó a la ciudadanía a participar en la campaña que pondrá ANV en marcha para denunciar el "acoso al que está sometida, que incluye la colocación de banderolas con el lema Guk independentzia lau haizetara en balcones y ventanas. >n.g./agencias

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la cifra: Meses y medio. Entre la presentación de la demanda de ilegalización de Batasuna (3 de septiembre de 2002) y la sentencia que ordenó su disolución (17 de marzo de 2003) transcurrieron seis meses y medio.
Atajo. El proceso puede acortarse ahora apenas a un mes si la Fiscalía o la Abogacía del Estado deciden instar la ilegalización de ANV y EHAK en ejecución de la sentencia que decretó la disolución de Batasuna, al considerar que los partidos son sucesores de esta formación.
paso a paso: Demanda contra ANV. A principios de la próxima semana, la Fiscalía y los servicios jurídicos del Estado, que según el artículo 11 de la Ley de Partidos son las instancias legitimadas para pedir la ilegalización de un partido, presentarán sus demandas contra ANV y el EHAK ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo.
Pruebas. A las demandas se deberán adjuntar los documentos que acrediten los motivos de ilegalidad, que en este caso son los informes policiales entregados al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que apuntan una supuesta "tutela" económica y política de la ilegalizada Batasuna sobre ANV y EHAK.
Cita con los afectados. Una vez recibidas las demandas, la Sala del 61 procederá inmediatamente al emplazamiento de los partidos afectados, dándoles traslado de las mismas, para que puedan comparecer ante el Supremo en el plazo de ocho días.
Admisión de las demandas. Transcurrido el plazo de ocho días, hayan o no comparecido ANV y EHAK, la Sala del 61 estudiará si admite las demandas.
Veinte días para la respuesta. De admitirse las demandas, el Supremo emplazará a los afectados, siempre que hayan comparecido en el trámite anterior, y les dará un plazo de 20 días para que contesten.
Período de prueba. Si las partes lo proponen en sus escritos de demanda o de contestación o la sala lo considera necesario, se abrirá un período de prueba, que se regirá por lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que concede a los demandantes y a los demandados plazos sucesivos de 20 días para formular alegaciones sobre las pruebas presentadas.
Visto para sentencia. Finalizado el periodo de prueba, el proceso quedará visto para sentencia, que deberá dictarse en otros veinte días.
Recurso al Constitucional. La sentencia puede ser recurrida, en amparo, ante el Tribunal Constitucional. Si se decreta la disolución del partido, se procederá el cese inmediato de toda la actividad.
¿Suspensión cautelar? Durante la tramitación del proceso, el Supremo podrá acordar de oficio o a instancia de parte la suspensión cautelar de las actividades de ANV y EHAK hasta que se dicte sentencia. La Fiscalía General del Estado ya ha anunciado que se lo solicitará en sus demandas.

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