
"C OMO jurista no es una decisión que en principio me guste. Encona más a la sociedad y genera más problemas de los que trata de resolver". El portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Jaime Tapia, aguarda a que se haga público el contenido de la sentencia para valorar en profundidad la actuación del Tribunal Supremo en el procesamiento del ex presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, y los miembros de la Mesa Gorka Knörr y Kontxi Bilbao. Pero, de momento, no oculta su falta de conformidad con el fallo que será recurrido por los condenados ante el Tribunal Constitucional.
La decisión adoptada por ocho de los doce magistrados del Supremo no pilló por sorpresa al magistrado vitoriano, vistos los acontecimientos previos vividos en este caso. Tras remontarse más de tres años para analizar la causa, recuerda el "paripé" que a su juicio protagonizó la Mesa parlamentaria para, a través de la Junta de Portavoces de la Cámara vasca, alegar su falta de alternativas para disolver el grupo Sozialista Abertzaleak, tal y como demandaban los tribunales a raíz de la ilegalización de Batasuna.
Tapia cuestiona si había o no realmente un obstáculo jurídico para cumplir esta orden, pero por encima de todo ello, lamenta que las valoraciones suscitadas a través del fallo conocido el lunes no dejen en muy buen lugar a la Administración de Justicia. En este sentido, advierte de que "no es bueno que todo el mundo" critique una resolución de la que aún se desconoce la argumentación jurídica.
En opinión del portavoz de JpD (Jueces para la Democracia), en el caso de Atutxa existían "órdenes claras" que instaban a la disolución del grupo parlamentario abertzale, por lo que estima que "no se puede equiparar" con el encausamiento del lehendakari y los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares. La semejanza más destacada en ambos casos radica en la ausencia de imputaciones por parte del Ministerio fiscal, quedando relegada la petición de condena a la acusación popular. En este capítulo, Tapia admite que "se puede comprender una cierta perplejidad desde el punto de vista de los imputados", visto el precedente creado por el Supremo al no aplicar en este caso la doctrina del caso Botín , mediante la que el tribunal determinó la incompetencia de la acusación popular para demandar de forma exclusiva la celebración de juicio. No obstante, el juez negó que la no aplicación del citado precedente suponga un trato de favor hacia el presidente del Banco de Santander.
De forma menos locuaz, el portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, se limita a asegurar que "hacer juicios de valor" sobre el fallo del Tribunal Supremo sin conocer los fundamentos jurídicos "es cuando menos una temeridad".
La visión del profesor de Derecho Penal Ignacio Muñagorri sobre este caso presenta como máxima su negativa a aplicar el derecho "de forma automática". Recuerda que en cada caso particular es necesario tener en cuenta elementos tan importantes como "la voluntad" del acusado en el delito que se le imputa, en este caso en desobedecer a los tribunales.
Asimismo, retrocede hasta el origen de la causa para destacar la diferencia entre un partido y un grupo parlamentario, "cuyos miembros han sido elegidos por la ciudadanía".
El abogado vitoriano José Miguel Fernández no duda en calificar de "fallo político, más que jurídico" la decisión del Supremo y sitúa este veredicto como un ejemplo en la "batalla entre este tribunal y el Constitucional". Asimismo, el letrado y juntero de EB recuerda que su compañera de partido y condenada en la vista, Kontxi Bilbao, es la más perjudicada dado que la inhabilitación le afectará en el plano político y en el laboral, también en su condición de funcionaria en el Ayuntamiento de la capital alavesa.
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