
Rafaela Romero, en las Juntas Generales.Foto: iker azurmendi
Donostia. Las críticas les llovieron ayer a EA y EB por impedir con su voto que las Juntas Generales recurran el decreto de reforma del Impuesto de Sociedades. El portavoz socialista, Julio Astudillo, fue especialmente incisivo con EA, partido al que acusó de haber "primado más la defensa del sillón que la defensa de la dignidad de las Juntas Generales". "Nos hubiera gustado que EA hubiese defendido con el mismo empeño la dignidad del Departamento de Hacienda, que ha sido anulado por el diputado general", añadió.
Astudillo criticó el acuerdo alcanzado por PNV y EA, que, a su juicio, "es una forma de salir de este embrollo" y denunció que lo que dicen estos dos partidos "no tiene ninguna credibilidad". Asimismo, lamentó que "EA y EB no hayan sido capaces de mantener el tipo llevando hasta sus últimas consecuencias la oposición al decretazo". "Allá ellos con sus incoherencias, mucho me temo que el PNV les ha presionado y no han sabido aguantar", agregó.
Astudillo también reservó un dardo para EB al que acusó de tener "fuertes ataduras con la derecha de este país que le impiden actuar como un partido de izquierdas". Pese a todo, el PSE rechazó presentar un recurso judicial por su cuenta porque "han sido las Juntas Generales las que han sido lesionadas y no el PSE".
El PP también fue muy crítico con estos dos partidos. Su portavoz, Regina Otaola, aseguró que "EA ha dado marcha atrás porque el PNV le ha presentado un ultimátum: o vota en contra o el Ejecutivo termina". "Aquí ha perdido el sistema democrático y ha primado la amenaza de ruptura y la voluntad de mantenerse en el poder", indicó Otaola, que se mostró muy escéptica sobre la reforma integral del tributo para este ejercicio porque "al final el que manda en Gipuzkoa es el Gobierno Vasco".
Por su parte, Aralar remarcó que "no puede aceptar actuaciones de este tipo sea quien sea el que las promueva". Su portavoz, Rebeka Ubera señaló que con el recurso "no se actúa en contra de las Juntas Generales sino contra un decreto que menosprecia una decisión adoptada por las Juntas".
La presidenta de las Juntas Generales, Rafaela Romero, rompió su silencio habitual y afirmó que lo ocurrido ayer abre "una crisis de confianza sin precedentes" entre esta institución y la Diputación foral. "Gobernar a base de excepcionalidad no es la mejor relación entre un Parlamento y el Gobierno", advirtió Romero.
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