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Un juzgado de Donostia remite al de Tudela la tramitación de las denuncias del caso Urbancasa

se inhibe porque son casos relacionados y navarra acogió la primera de las demandas

En el supuesto de que Tudela acepte la medida el resto del procedimiento se llevaría a cabo en la Comunidad foral

Entrada a la oficina de Urbancasa en Donostia.Foto: ainara garcía

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donostia. El Juzgado de Instrucción número 5 de Donostia, que investigaba las denuncias presentadas en Gipuzkoa por los afectados del presunto fraude inmobiliario de Urbancasa en este territorio, se ha inhibido en favor del juzgado de Tudela que se ocupa de este mismo caso en Navarra, al entender que es la instancia competente para investigarlo ya que fue el primero que incoó unas diligencias previas.

Según establece la ley, al existir diversas denuncias y siendo éstas relativas a presuntos delitos conexos (relacionados), el juez competente pasa a ser el más antiguo, es decir, el que tiene la primera denuncia. En este caso, como la denuncia más antigua es la que corresponde al juzgado de Tudela, el juez de este municipio pasa a ser el competente en el procedimiento abierto. Éste deberá decidir ahora si acepta el auto de inhibición, lo que, según reconocían ayer los letrados afectados, es previsible que suceda.

"Pienso que lo hará porque creo que es correcto con arreglo a lo que dice la ley", señaló ayer a ese respecto Bernardo Inza, abogado de algunos de los clientes presuntamente estafados. "Casi con toda seguridad, aceptará la inhibición", coincidió Miguel Escribano, defensor de los dos acusados, Ángel Crespo y María Victoria Ferrer. Los dos abogados, además, consideraron lógica y normal la decisión adoptada por el juzgado donostiarra.

el proceso, en navarra A partir de ahora, si finalmente el juez acepta el auto, el procedimiento mantendría su curso en Navarra y no en Gipuzkoa. Todos los casos serían tramitados como uno solo.

Los presuntos responsables de esta supuesta estafa fueron detenidos el pasado mes de octubre en un control de alcoholemia instalado por los Mossos d'Esquadra en Tarragona. Este matrimonio está acusado de haberse apropiado de 900.000 euros de más de una veintena de personas de la CAV y Navarra, que habrían adelantado dinero para la reserva de terrenos o para la construcción de casas que no se llegaron a edificar. >n.g./Efe

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