Diario de Noticias de Gipuzkoa

Astudillo considera "raro" que en 15 años no fueran detectadas las malversaciones

el presidente de la comisión plantea analizar los controles internos de la diputación

Asegura que le interesa más "investigar lo que hay en la sede de Hacienda de Errotaburu, que la cárcel de Martutene"

donostia. Julio Astudillo, presidente de la comisión de las Juntas Generales de Gipuzkoa que investiga las posibles responsabilidades políticas del caso de la Hacienda de Irun, aseguró ayer que "parece raro que en quince años nadie estuviese al tanto" de las presuntas malversaciones cometidas en esa delegación tributaria.

Según la denuncia del fiscal, las supuestas irregularidades, a raíz de las que se encuentran imputadas cinco personas, entre ellas el ex director de la oficina de la Hacienda de Irun, José María Bravo, consistía en el cobro de cantidades a contribuyentes deudores que posteriormente no eran ingresadas en las arcas forales.

Astudillo (PSE-EE) aclaró que ninguno de estos inculpados ha desempeñado cargos políticos, motivo por el que, "desde el punto de vista de las responsabilidades políticas", le interesa más "investigar lo que hay en la sede de la Hacienda foral de Errotaburu o el palacio de la Diputación, que la cárcel de Martutene", donde se encuentra Bravo en régimen de prisión provisional sin fianza.

Astudillo destacó, además, la importancia de que los ciudadanos sepan distinguir en este caso entre responsabilidades políticas y penales, e insistió en que la investigación que desarrolla el órgano que preside "no supone una instrucción paralela ni una segunda instrucción" alternativa a la que se lleva en los tribunales.

El juntero socialista explicó que la comisión de investigación, ante la que ya han sido citados los dos imputados que eran funcionarios de la Hacienda foral, José María Bravo y Pilar Gracenea, aún está empezando su labor y, por lo tanto, todavía no cuenta con "datos suficientes como para determinar responsabilidades", algo que, según auguró, "se verá al final de la investigación".

En cualquier caso, Astudillo consideró que existe aún "un amplio campo por investigar en el ámbito del control interno a través de las auditorías", pues "parece que algún mecanismo de control de la Diputación ha fallado para que estas irregularidades hayan podido ocurrir no como un hecho puntual, sino a lo largo del tiempo".

Asimismo, el representante del PSE-EE en la comisión de investigación avanzó que los traslados de expedientes de la oficina de Hacienda de Eibar a la de Irun que supuestamente se produjeron será "uno de los temas claramente a indagar" por el órgano especial de las Juntas Generales.

colaboración de hacienda El juntero socialista destacó la ayuda que está prestando en este caso el departamento de Hacienda y Finanzas, antes en manos del PNV y actualmente gestionado por EA, y que "es una pieza clave en esta investigación". "Estoy convencido -añadió Astudillo- de que su colaboración va a ser total con la comisión, porque también al departamento de Hacienda le interesa aclarar la verdad política para mejorar su imagen actual" y "abrir una nueva etapa porque su autoridad moral en estos momentos está deteriorada".

"De cara al objetivo de la investigación, es bueno que Hacienda esté gestionada por una fuerza política diferente a la que lo ha venido haciendo durante los últimos quince años y también que la comisión de investigación esté presidida por un miembro de la oposición", concluyó Astudillo.

La comisión de investigación está formada por seis junteros, cada uno representando a los seis partidos que conforman la Cámara foral. Además del presidente Astudillo, participan en este órgano Asier Aranbarri (PNV), Joxean Rekondo (EA), Juan Carlos Cano (PP), Mikel Izagirre (EB-Berdeak) y Rebeka Ubera (Aralar).

La comisión especial de las JJGG comenzó su trabajo el pasado mes de octubre y tiene previsto investigar posibles irregularidades cometidas en la delegación de Hacienda irundarra entre los años 1991 y 2006. Este órgano llamará a declarar, por este orden, a los funcionarios que no tengan cargos políticos y después a los funcionarios con cargos políticos, es decir, el personal que trabaja en auditorias, subdirecciones, direcciones, diputados forales y los diputados generales de ese periodo. >efe/n.g.

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