
TANTO el PSOE como el PP, así como sus poderosas terminales mediáticas dicen asistir con preocupación a las reacciones que ha suscitado en el arco político vasco la sentencia condenatoria que ha recaído en el proceso 18/98. Dicen no entender cómo el Gobierno vasco -y en especial el PNV- puede criticar la sentencia poniendo en duda el propio concepto de Justicia en el Estado español, y comienzan a hablar de los peligros de un nuevo frentismo, olvidando que la época de mayor tensión social en la reciente política vasca corresponde a la ofensiva lanzada en el trienio 1999-2001 por los mismos que ahora se rasgan las vestiduras.
Sus métodos de análisis para llegar a estas conclusiones son, al menos, curiosos: magnifican y ponen el foco sobre cualquier detalle que pueda servir para apuntalar sus prejuicios, e ignoran sistemáticamente los hechos y datos que les resultan molestos. Si realmente hubieran analizado en profundidad el sumario 18/98, a lo largo de nueve años, habrían comprobado sin excesiva dificultad que, bajo toneladas de folios, latían los deseos del Gobierno de la época (Aznar, Mayor Oreja, Rajoy...) de estrechar el cerco sobre la izquierda abertzale, para hacerse fuertes ante una posible negociación y poder condicionarla -como de hecho ocurrió- o bien para, en el caso de que fracasara -como también ocurrió- contar con un instrumento eficaz que sirviera para neutralizar la reacción social al fracaso. Quienes parecen escandalizarse por las reacciones en Euskadi piden además "respeto intelectual" al trabajo de nueve años de la justicia española. No resulta un empeño fácil, con los antecedentes mencionados. Pero si se lee la sentencia, resulta ya un trabajo ímprobo.
Más allá de una sintaxis descuidada y garrafales faltas de ortografía (abatares, acerbo por acervo...), la sentencia muestra una peculiar forma de destruir la presunción de inocencia de los condenados. Uno de los hechos probados que relatan los magistrados, por ejemplo, es este: "Como miembro de la nueva organización se encargó de obligar al personal sanitario castellano parlante, que trabajaba en el ambulatorio de la zona centro de Bilbao, a que dominaran el idioma euskera y lo utilizaran como lengua exclusiva en el desarrollo de sus funciones profesionales, realizándoles un seguimiento en orden a determinar si estos cumplan (sic) con esa imposición, como condición "sine que non" (sic) para que pudieran proseguir en sus puestos de trabajo, sin tener que abandonar el País Vasco." Por increíble que parezca, para los magistrados este es un hecho probado, aunque no haya constancia alguna en la sentencia de cuál era el ambulatorio, ni se tomara declaración a sus trabajadores, ni conste tan siquiera quién, cuándo y cómo denunció tal práctica, ni si las autoridades sanitarias lo sabían.
Es difícil creer que la distancia que separa Madrid de Euskadi y el puro desconocimiento resulten razones suficientes para justificar "hechos probados" tan peregrinos como los descritos. Como también resulta inquietante la apelación al sentido común que realiza la sentencia cuando se dispone a destruir la presunción de inocencia de los acusados del caso "Joxemi Zumalabe". En un nuevo ejercicio literario-filosófico, dice textualmente: "Pero ahora es preciso acudir al simple sentido común, que muchas veces queda relegado al menor (sic) común de los sentidos, sentido, que todos los humanos compartimos, juristas y no juristas, y que siempre no admite respuesta coherente en contraria dirección al que dicta ese sentido sobre el real acaecer de las cosas." Y todo recto a partir de ahí, llega a la conclusión de que si una guía editada por Joxemi Zumalabe -aséptica, según la propia sentencia- llegó a manos de ETA, fue porque se lo entregó la propia Fundación, ni tan siquiera uno de sus miembros a título particular: "(...)¿Es lógico pensar que algún Patrono de la Fundación Joxemi Zumalabe, o algún trabajador de la misma, se permitiera, sin contar con la aprobación de todos los demás, actuar subrepticiamente en orden a hacer llegar la "Guida" (sic) a los responsables de la organización terrorista ETA, a fin de obtener su aprobación y el apoyo en cuanto a su contenido?, la respuesta lógica es No, sin más añadiduras". Y claro, con esta lógica condena a todos: patronos y trabajadores. Ciertamente, la sentencia parece empeñada en que el "respeto intelectual" al que la creen acreedora algunos se desmorone párrafo tras párrafo.
Y respecto a las lecturas políticas y a la interesada agitación de los fantasmas de un nuevo frentismo, quienes alientan esas tesis saben de sobra que no hay posibilidad alguna hoy por hoy de una posible unidad de acción de las formaciones abertzales: basta con escuchar a Pernando Barrena, empeñado en meter en el mismo saco al PSOE, al PNV y a Na-Bai , cuando parecería más lógico tratar de buscar aliados. Sin embargo, la receta de leña para la izquierda abertzale, combinada con la acusación dirigida al resto del espectro nacionalista vasco de resucitar fantasmas frentistas, puede resultar la terapia más eficaz para evitar aquello que causa auténtico pavor político en Madrid: que puedan conformarse en Euskadi mayorías suficientes para avanzar en el autogobierno. En marzo hay elecciones, sí; pero en octubre hay un referéndum.
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