Diario de Noticias de Gipuzkoa

El Gobierno Vasco enmarca el fallo del 18/98 en una lectura política que "encarcela ideas"

destaca la "falta de rigor" de un juicio en el que observa intereses partidistas

Batasuna considera que el resultado de la vista es un "castigo" de Zapatero al movimiento independentista vasco

vitoria. "Se están encarcelando ideas". La declaración hecha pública ayer por el Gobierno Vasco sobre la sentencia del macrosumario 18/98 no deja atisbo de duda sobre el posicionamiento del Ejecutivo autonómico en un caso que enmarca en "la lectura política de decir que todo es ETA".

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, fue el encargado de dar voz ayer a la versión gubernamental sobre lo acontecido en un proceso que pasará a la historia por varios factores. Después de diez años de litigio, los más de 500 años de cárcel impuestos a los 47 condenados en el juicio contra el supuesto entorno de ETA, así como la accidentada tramitación completada en el procesamiento, el Gabinete de Ibarretxe se vio "obligado en conciencia a reaccionar" para transmitir una nutrida batería de críticas.

Azkarraga calificó de "retorcidas" las leyes penales y sus interpretaciones que han tenido como consecuencia la "injusta" privación de libertad de los ciudadanos encausados. En opinión del tripartito, el juicio instruido por la magistrada Ángela Murillo ha carecido de "suficientes elementos de prueba como para destruir la presunción de inocencia" de los acusados, todo ello basado en informes policiales que "luego no aparecían en el juicio".

De este modo, el Gobierno Vasco interpreta que la "falta de rigor" que ha imperado en la vista oral y en las investigaciones previas ha ofrecido como resultado un juicio "sin control" sobre la base de una instrucción "fuera totalmente de los usos jurídicos".

La máxima de todo es ETA que, a juicio del Ejecutivo, se ha empleado en este caso supone atribuir a la organización terrorista la capacidad de "colonizar" a organismo ajenos que "no sabían hasta que fueron detenidos y condenados que eran parte de ETA". En este sentido, Azkarraga mostró la preocupación y el temor del Gabinete ante esta nueva "terminología jurídico-penal", y preguntó al Gobierno socialista "hasta dónde se está dispuesto a llegar".

La declaración institucional enmarca está actuación en los "intereses partidistas" ajenos a la Administración de Justicia, una pretensión que ligan al inicio del caso. Asimismo, destaca que las detenciones anticipadas a la divulgación de la sentencia fue un "espectáculo mediático" que "sólo supuso la guinda a un pastel cocinado con los ingredientes decididos por quien en 1998 se encontraba al frente del Gobierno español".

avisos Pero además de criticar a socialistas y populares , el documento también se dirige, sin citar nombres concretos, a las "instancias habitualmente sensibles a cualquier vulneración de derechos fundamentales", a las que acusa de permanecer "impasibles" ante estos hechos.

En el reparto de responsabilidades, la izquierda abertzale tampoco sale indemne. Así, Azkarraga aconsejó a los sectores que "hoy se sienten justamente indignados" que no olviden al reclamar solidaridad ante los atropellos de los que se sienten objeto que "por su parte también debe ejercitarse para todas aquellas personas que son igualmente víctimas de la vulneración de sus derechos".

Finalmente, el Gobierno Vasco confía en que las instancias judiciales ante las que recurrirán los condenados "limpien su mirada de cualquier atadura ajena a su función" para examinar de nuevo el caso.

Además de la declaración de su Gabinete, el propio lehendakari destacó ayer su convencimiento de que la sentencia "no tiene base jurídica". Ibarretxe señaló también que le han hecho "daño" los "insultos" que ha recibido de "algunas personas" a pesar de haber mostrado siempre su desacuerdo con el macrosumario, por lo que cree "imposible" que se pueda hacer una protesta conjunta contra la sentencia con otros partidos.

Por parte de Batasuna, el miembro de la dirección de este partido Karmelo Landa afirmó que el fallo es una "sentencia política, detrás de la cual está el Gobierno Zapatero, como medida de castigo y represión del movimiento independentista vasco".

Landa denunció que "no hay justicia, libertad ni opciones políticas libres para los vascos, sino represión pura y dura". Por ello, denunció que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, han decidido "encarcelar a los militantes independentistas en una operación que no se podría realizar sin la complicidad de sectores políticos concretos de Euskal Herria", en alusión al PNV.

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