
Representantes de LAB con uno de los carteles.Foto: gorka estrada
Donostia. "Ya es hora de denunciar los impedimentos que desde la Diputación nos ponen para aclarar algunas de las responsabilidades que hayan podido favorecer el fraude de la Hacienda guipuzcoana", afirmó ayer Joxean Urkiola, representante de LAB participante en la comisión investigadora de las trasversación de fondos de Irun.
Representantes del sindicato, que está personado como acusación popular en el juicio, se quejaron ayer de la falta de información que el ente foral les está ofreciendo. LAB está recabando datos y abriendo nuevas líneas de investigación porque están "convencidos de que existe una amplia red de cómplices que posibilitaron el fraude".
De momento, han presentado una solicitud para comprobar si las personas de la administración que realizaban trabajos privados disponían de la autorización de compatibilidad necesaria para hacerlo. Según explicó Amaia Almiral, "la ley de la Función Pública establece que las personas de la administración que quieren trabajar en el ámbito privado fuera de su puesto de trabajo público, tienen que solicitar una autorización de compatibilidad".
Aseguraron que "en este caso la autorización de la compatibilidad favorece el fraude de las personas implicadas en el tema de Irun, así queremos saber si la habían solicitado". No obstante, explicaron que aún no han recibido respuesta por parte del ente foral a pesar de haber demandado los datos en mayo, y nuevamente en octubre, y que "el silencio está siendo la respuesta a esta cuestión que nos parece tan importante".
Asimismo, han pedido estar presentes en la comisión que Juntas Generales ha creado para esclarecer el caso, o que se les faciliten las actas. Y es que afirman que deberían "tener acceso a la información, sobretodo en la medida en que estamos personados como acusación popular, así que esperamos que nos respondan satisfactoriamente".
Por otro lado, Urkiola aseguró que les "parece imposible que el personal que estaba al frente de la administración no estuviese al tanto de lo que estaba ocurriendo".
También, pusieron en duda el modelo fiscal estructural existente en el territorio ya que "el fraude es inherente al mismo". Urkiola pidió "que se modifique este modelo fiscal arbitrario confeccionado a la medida de las patronales impasibles ante un fraude millonario".
Además, presentaron los carteles de una campaña para fomentar la participación ciudadana en la investigación del caso. Con el lema Quién es el culpable , serán repartidos por las empresas donde el sindicato tiene representación y los colocaran más tarde en diversas localidades guipuzcoanas. >j.r.
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