Diario de Noticias de Gipuzkoa

El PNV se queda solo en la defensa del decreto para aprobar el nuevo gravamen

Donostia. Las Juntas Generales de Gipuzkoa dieron ayer un serio varapalo al decreto foral norma para la reforma del Impuesto de Sociedades que quiere plantear el diputado general, Markel Olano. Todos los grupos, excepto el PNV, apoyaron la resolución en la que se expresaba la "profunda oposición" a aprobar el impuesto por esa vía para fijar el tipo en el 28%, tal y como anunció Olano, y lo califican de "desprecio" a las Juntas Generales y de "fraude de ley".

El PNV se mantuvo firme en su posición de forma que no se despejan las incógnitas jurídicas. Si el Gobierno foral aprueba el decreto antes del día 31, no sería votado por las Juntas hasta el próximo mes de enero por lo que tendría validez para 2007. Lo que no está claro y ni siquiera los junteros saben con certeza es si un posterior rechazo de las Juntas a la norma la dejaría sin efecto.

Aunque el PNV trató de cerrar un acuerdo con EA y negoció hasta antes del pleno de ayer, las negociaciones no fructificaron y se mantuvo el divorcio de los dos partidos del gobierno foral en este asunto. La propuesta fue promovida y apoyada por el PSE-EE, EA, Aralar y EB, lo que deja al PNV con escaso margen de maniobra. Este partido presentó una enmienda a la totalidad, que no salió adelante, en la que abogaba por un nuevo acuerdo para modificar el Impuesto de Sociedades.

El PP, que no formaba parte de los promotores de la propuesta contra el decreto, también votó a favor, a pesar de haber dado su apoyo a un tipo del 28% en el pleno del pasado día 5.

Su portavoz, Regina Otaola, instó a Olano a "asumir su fracaso" e insistió en que "el decreto no es la solución". En este sentido, mostró su disposición a negociar una norma foral con un tipo del 28%.

Durante la presentación de la resolución, el portavoz de EA, Joxean Rekondo, no hizo uso de su turno de palabra, pero eso no hizo variar el voto de este grupo a favor de la resolución. Después de la votación, Rekondo aclaró que no intervino en el debate "por razones de lealtad, para eludir el choque entre socios que podría alimentar una espiral de crisis". Es decir, que no quiere que este asunto provoque un incendio en el Gobierno foral.

El portavoz de EA explicó que su grupo no ha promovido esta resolución por el incumplimiento de un compromiso por parte del PNV en el gobierno foral aunque haya existido "sin lugar a dudas". También dijo que la incertidumbre jurídica que generaría el decreto sino que alegó motivos de carácter "radicalmente institucional".

Según dijo, las Juntas Generales ya se han pronunciado "dos veces este mismo año" en contra del proyecto y el Gobierno foral "no puede pretender limitar la capacidad normativa de las Juntas Generales". Ante la situación de bloqueo que genera esta situación, Rekondo planteó la posibilidad de aprobar el impuesto mediante un proyecto de norma urgente por el procedimiento de lectura única antes de fin de año, aunque es consciente de la dificultad de que salga adelante.

"desprecio de las juntas" Con más dureza se expresó el portavoz socialista en las Juntas Generales, Miguel Buen, que acusó a Olano de "despreciar a estas Juntas Generales para contentar al Gobierno Vasco y a la Diputación de Bizkaia". "A usted le importan muy poco las instituciones forales de Gipuzkoa. Está sometido a los dictados de su partido. Sin criterio, sin liderazgo", le espetó.

Buen aseguró que la postura de Olano "no es democrática" y le acusó de "violentar y torcer la voluntad de las Juntas Generales legislando contra sus decisiones aún a sabiendas de que el decreto será revocado".

Por parte de EB, Mikel Izagirre criticó "la falta de credibilidad" de Olano en este asunto y recordó que existen "otras vías más democráticas" para apoyar la reforma del gravamen. En una línea parecida se pronunció la portavoz de Aralar, Rebeka Ubera, que aseguró que "la ley de armonización fiscal se previó para casos como éstos".

Ante esta postura conjunta de la oposición, el representante del PNV, Asier Aranbarri reconoció que la postura de su grupo es "difícil". "Quizá la decisión adoptada no sea la mejor ni la más democrática", admitió. Sin embargo, afirmó que su grupo prefiere "la dureza del decreto que llevar el debate del tipo desarmonizado al Parlamento Vasco".

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