
Ibarretxe, tras prestar declaración ante el juez.Foto: efe
vitoria. En un auto fechado el pasado martes, es decir, un día antes de que se conociera la argumentación de la sentencia del Alto Tribunal sobre la capacidad de la acusación popular para demandar el inicio de la vista oral, el juez Roberto Saiz, encargado de la instrucción del encausamiento del lehendakari, rechazó el último recurso de la defensa de Juan José Ibarretxe al considerar que pretende "construir una hipotética teoría que se nutre de elementos especulativos" para frenar el inicio de la vista oral, decretada por el propio magistrado.
Así adjetiva Saiz la "posible" delimitación por el Tribunal Supremo de la acusación popular a la hora de solicitar la apertura de juicio, así como la "identidad de circunstancias" entre el caso Botín y el procesamiento del líder jeltzale.
A falta de comprobar el fondo a través de fundamentos de derecho, la forma de la decisión de los magistrados de la Sala de lo Penal se conocía desde principios de este mes. Pero el juez achaca a la defensa del lehendakari que se ampare en las informaciones publicadas en los medios de comunicación para emplear este argumento como base en su recurso y que en él den por hecho que la decisión del Supremo suponga una "doctrina jurisprudencial futurible".
De momento, al ser la única sentencia en este sentido no ha sentado jurisprudencia, como afirma el juez, pero esta circunstancia cambiará mañana mismo si el Supremo reitera su decisión en el recurso que analizará en contra del archivo de la causa emprendida contra el ex presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa. Al igual que en el caso Ibarretxe y en el protagonizado por el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, la causa que devuelve a los tribunales al dirigente jeltzale y sus ex compañeros de Mesa parlamentaria Gorka Knörr y Kontxi Bilbao presenta como única parte demandante de juicio a la acusación popular, representada por el sindicato Manos Limpias.
Por su parte, la defensa de los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, imputados en la misma causa por reunirse con representantes de la izquierda abertzale durante la tregua, también vieron ayer cómo Saiz rechazaba su recurso para paralizar la tramitación del caso. En opinión de los letrados defensores de López y Ares, la aceleración de los trámites procesales podría producir "efectos contrarios a la efectividad del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva". Pero esta argumentación no convenció al magistrado, quien como respuesta señaló que los diferentes pasos ejecutados en el proceso se han llevado a cabo en "el estricto cumplimiento de los plazos legales y con la diligencia exigible en todo proceso".
Asimismo, el magistrado destaca que ambos recursos carecen de "contenido impugnatorio", al considerar que las partes no alegan "infracción alguna a la resolución impugnada" en sus respectivos escritos.
nueva iniciativa El próximo paso previsto por la defensa del lehendakari será presentar un recurso en el que demandará la anulación de las actuaciones, una medida que deberá ser estudiada por el propio juez instructor. Esta iniciativa se suma a la petición de los letrados del Gobierno Vasco para que el magistrado archive "con carácter inmediato" la causa, tras comprobar la doctrina generada por el Supremo en lo que respecta a la capacidad de la acusación popular para instar a la apertura de juicio.
La portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, argumentó ayer que en caso contrario "se confirmará que el juez ha tenido y tiene objetivos extra jurídicos y extra judiciales", tal y como ha defendido el Ejecutivo autonómico desde el inicio del proceso judicial.
Por su parte, el PP comparte la tesis del magistrado y defiende que en la actualidad "no hay una jurisprudencia que ate la sentencia del Tribunal Supremo de archivar el caso Botín , con la causa abierta contra el lehendakari".
El secretario general de esta formación en Euskadi, Carmelo Barrio, criticó la actitud del Gobierno Vasco porque, a su juicio, "está tratando todos los días de influir en los tribunales". "Hay que dejar trabajar a los tribunales y admitir en todo caso sus actuaciones", sentenció.
Desde Bruselas, el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, valoró que "sólo el deseo irrefrenable de una parte de la judicatura de ver a la máxima representación institucional de Euskadi sentada ante un banquillo puede explicar las decisiones que, en este caso, está adoptando la justicia", por lo que demandó al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que archive la causa.
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