
Exterior del Palacio de Justicia de Irun, donde se instruye el caso de la oficina tributaria.Foto: ruben plaza
Donostia. El abogado y ex funcionario de la Hacienda foral, Fernando Argote, personado como acusación popular en el caso de las supuestas malversaciones en la oficina tributaria de Irun, pidió ayer que declare como imputado un asesor al que acusa de haber colaborado en algunos expedientes presuntamente delictivos con el principal acusado, el ex jefe de la delegación irundarra, José María Bravo.
M.B., abogado y asesor fiscal, aparece en varios de los expedientes que están siendo investigados en el Palacio de Justicia de Irun, al que está llamado a declarar el próximo 10 de diciembre como testigo. Sin embargo, en un escrito presentado ayer ante la magistrada instructora del caso, Almudena Ovejero, Argote considera que debería acudir como imputado, ya que, a su entender, resulta sospechoso de haber participado en varias acciones que pudieran ser constitutivas de delito.
Concretamente, Argote se refiere a dos expedientes que fueron explicados por testigos durante las últimas comparecencias. En uno de ellos M.B. asesoró al propietario de una empresa de albañilería sobre el pago de una deuda tributaria. Esta persona extendió al abogado un poder notarial para tener capacidad de gestionar la deuda con el erario guipuzcoano y, una vez que se llegó a un acuerdo para el pago, la empresa dio a M.B. diez millones de pesetas en metálico para que la obligación fuera liquidada.
Argote asegura que el mismo día en que se realizó el pago, la empresa recibió un fax remitido por M.B. en el que José María Bravo ordenaba el levantamiento de los embargos de los bienes que pesaban sobre el negocio. El letrado personado como acusación en el caso añade que el dinero nunca fue ingresado en las arcas forales, hecho que evidenciaría la connivencia entre M.B. y el ex jefe de la oficina de Hacienda en Irun.
Por otro lado, Argote recuerda otro expediente en el que aparece M.B., que adquirió una empresa de publicidad a los cuatro socios de la misma, que habían sido asesorados al respecto por José María Bravo. El letrado que ejerce la acusación popular asegura que en este caso también existió connivencia entre el funcionario de Irun y el asesor, ya que este último "se apropió de 2.880.000 pesetas" destinadas al pago del IVA generado por la venta de un inmueble de la sociedad adquirida. Argote afirma que M.B. compartió ese dinero con José María Bravo, quien "dio de baja la deuda de ese impuesto y archivó el mismo". Además, recuerda que M.B. colaboraba en la asesoría Urdanibia, relacionada con Bravo. Por todo ello, pide que el asesor comparezca como imputado.
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