Diario de Noticias de Gipuzkoa

Un camino de luces y sombras

La sociedad vasca ha mostrado, a través de una encuesta realizada por el Gobierno Vasco, su apoyo mayoritario a la consulta popular planteada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe. A su vez, la alternativa ha dividido a la clase política entre valedores y detractores, cada una de las partes con argumentos bajo el brazo que tienen como mismo origen la legislación vigente. Por eso, la pregunta obligada, ¿habrá consulta el 25 de octubre de 2008?, sigue sin tener una respuesta concreta.

El propio Ibarretxe admitió tras reunirse con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que la hoja de ruta planteada en el Pleno de Política General es susceptible de ser modificada siempre que se mantenga inalterable el objetivo final de la iniciativa: que los vascos se pronuncien sobre su futuro. En este camino, y a la espera del escenario resultante de las elecciones generales, todavía son muchas las incógnitas que planean sobre las intenciones del Gobierno Vasco. DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA se ha puesto en contacto con miembros de la magistratura, catedráticos de derecho y representantes de movimientos sociales para conocer su punto de vista sobre la viabilidad de la iniciativa en los términos planteados por el jefe del Ejecutivo autonómico y las características de un espacio negociador que desemboque en la normalización política.

portavoz de jueces para la democracia

Jaime Tapia

1. Creo que finalmente no se celebrará.

2. No creo que tenga alternativas legales para poder llevar a cabo estrictamente una consulta. El lehendakari, sin embargo, podría disolver el Parlamento Vasco y convocar elecciones, planteando como programa electoral la cuestión que iba a preguntar en la consulta.

3. En primer lugar, en un régimen parlamentario no me parece formalmente adecuada que cualquier negociación se plantee entre dos presidentes de gobierno, sino que se debe realizar en el Parlamento y se realiza entre Parlamentos, que son los que verdaderamente representan la voluntad popular.

En segundo lugar, creo que primero se debe producir el pacto entre vascos de distintas sensibilidades y posteriormente intentar un acuerdo con el Estado. Por tanto, debe buscarse un primer consenso entre todas las fuerzas políticas vascas.

portavoz de la asociación de profesionales de la magistratura

Antonio García

1. Estoy convencido de que no, por la elemental razón de que la consulta no respeta el marco legal actualmente en vigor, conforme al cual la autorización para la convocatoria de consultas populares en cualquiera de sus modalidades, y con independencia de nominalismos encaminados a disfrazar o esconder la realidad o el ser de las cosas, forma parte de las competencias exclusivas del Estado y sólo puede ser acordada por el Gobierno, salvo las competencias constitucionalmente reservadas al Congreso.

2. Absolutamente ninguna. Lo que el Gobierno Vasco debe hacer en éste y en todos los casos es conducirse de acuerdo con la Ley. Como ya hemos señalado en otras ocasiones, y no parece que esté de más, aun siendo obvio, volver a recordarlo en ésta, en un Estado de Derecho, todos -ciudadanos y poderes públicos- están obligados a respetar y cumplir lo que establece la Ley, alcanzando la exigencia, en el caso de los poderes públicos, su grado máximo, pues la titularidad y el ejercicio de éstos en un Estado democrático y de Derecho sólo se pueden considerar legitimados por la Ley y dentro de ella.

3. Hay negociaciones que, en el actual marco constitucional y con independencia de la mayor o menor voluntad de las personas, no son posibles. Y tampoco considero pertinente hablar de normalización política, presuponiendo, lo que no creo, que haya que partir de un estado de anormalidad a nuestro juicio inexistente.

Lo único seguro es la imposibilidad de encaje en las actuales coordenadas constitucionales de las pretensiones secesionistas o de los proyectos soberanistas que inspiran determinadas actuaciones nacionalistas. Basta considerar que, conforme a la Constitución, la soberanía nacional reside en el pueblo español; que no hay, con la Constitución en la mano, más nación que la nación española, y que, la indisolubilidad de la nación española constituye una realidad previa a la Constitución, un "a priori" constitucional en el que se basa y fundamenta, precisamente, el texto fundamental.

catedrático de derecho

Juan José Álvarez

1. Resulta complicado hacer una prospección estrictamente jurídica, ya que el factor político (la eventual continuación de la negociación política tras las elecciones generales) puede alterar el cronograma previsto. En todo caso, y si la negociación política no prospera, la premisa de partida ha de ser la aprobación (por mayoría simple, la mitad más uno de los 75 parlamentarios en el Parlamento Vasco) de la realización de la consulta. Superada esa exigencia previa (para lo cual es imprescindible el apoyo, al menos parcial de EHAK) lo previsible es una interposición, por parte de los servicios jurídicos del estado, de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, que supondría, caso de admitirse en trámite, la suspensión por un periodo inicial de 6 meses del acto o acuerdo del Parlamento Vasco adoptando la decisión de materializar la consulta. Mediante auto (denominación que recibe ese tipo de decisión del TC), éste adoptaría eventualmente esa decisión, y posteriormente, decidiría si mantenerla o no antes de un pronunciamiento sobre el fondo del conflicto competencial.

Por todo ello, resulta realmente complejo pronunciarse sobre si finalmente se celebrará la consulta, ya que si esos resortes se ponen en funcionamiento puede realmente ser complicada su materialización.

2. Creo que debe diferenciarse una vertiente de competencia formal y otra faceta material o de fondo. Por un lado estimo que sí existe base competencial para sostener la legalidad de una consulta popular que no emplee la vía del referéndum: ésta es la única vía que tanto la Constitución como la Ley orgánica de Referéndum, de 1980, reserva a la competencia exclusiva del Estado; por tanto, y en sentido contrario, aquella actuación administrativa o política excluida del ámbito competencial exclusivo del Estado puede ser llevada cabo por parte del Gobierno Vasco. No hay base prohibitiva, de orden público constitucional, que limite o restrinja tal posibilidad (siempre que se mantenga en la fórmula de consulta no en vía de referéndum).

El verdadero debate no radica en el hecho de que tanto Cataluña como Andalucía han recogido, han plasmado la atribución de esta competencia (la convocatoria de todo tipo de consultas populares, con exclusión del referéndum) en sus nuevos estatutos de autonomía; a mi entender existe base legal, por lo antes expuesto, para defender la viabilidad legal-competecial de tal iniciativa; el auténtico problema (que también lo tendríamos, incluso en el caso de que existiera una previsión en el Estatuto de Gernika vigente) es de competencia material sustantiva: es decir, que la consulta, en cuanto a su contenido, afecte a ámbitos de territorialidad o de soberanía que el Estado considere reservados exclusivamente para sí). Lo que resulta una barbaridad jurídica es invocar la posibilidad del art. 155 de la Constitución: no hay, en el planteamiento de Ibarretxe, ninguna conculcación del orden Constitucional.

3. Es un debate que se ubica en el terreno de lo político pero prefiero recordar, simplemente, lo que la reciente Ley estatal de iniciativa legislativa popular señalaba en su preámbulo: "debe intensificarse la participación de los ciudadanos y de los grupos en la vida pública, y que respetando al máximo el papel institucional de los partidos políticos como órganos de manifestación de la voluntad popular e instrumentos de la participación política".

Creo que una negociación bilateral Zapatero-Ibarretxe debe servir como pórtico a un debate participativo con todas las fuerzas políticas, sin exclusión.

catedrático de derecho

Francisco Javier Pérez Royo

1. No. Es completamente imposible que la consulta pueda realizarse. Por las buenas no puede realizarse, porque el Gobierno de la nación no puede permitirlo de ninguna de las maneras. Y por las malas tampoco, porque el enfrentamiento que se produciría entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de la nación sería de tal magnitud que no se darían las condiciones mínimas de normalidad en que una consulta tendría que celebrarse.

2. Ninguna. Ninguna que quepa en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía actualmente vigentes. La propuesta del Lehendakari supone situarse fuera del bloque de constitucionalidad que ordena el sistema político español, incluyendo en el mismo los sistemas autonómicos. Mientras el Estado español esté ordenado jurídicamente por la Constitución y los Estatutos de Autonomía en los términos en que lo está, no hay alternativa.

3. Si fuera el presidente del Gobierno de la nación no abriría una negociación bilateral con Juan José Ibarretxe hasta que éste no hubiera concluido una negociación, que hubiera acabado en un acuerdo, entre todas las fuerzas políticas vascas. El presidente del Gobierno de la nación puede abrir una negociación bilateral con el presidente del Gobierno Vasco sobre cualquier tema, menos sobre la materia propia del Estatuto de Autonomía. De esto no deberían hablar los dos presidentes, sino los dos parlamentos, el vasco y el Congreso de los Diputados.

coordinador general de lokarri

Paul Ríos

1. La respuesta a esta pregunta depende de muchos factores. En mi opinión es fundamental que esta propuesta ilusione a la ciudadanía. Si la sociedad respalda de manera mayoritaria la iniciativa, si hay participación y movilización ciudadana en favor de la convocatoria, la consulta se celebrará aunque haya sectores que hagan todo lo posible por impedirlo o dificultarlo. Otra de las claves es trabajar intensamente para llegar al momento de la consulta con el mayor nivel posible de consenso. Lo mejor es que se convoque la consulta para refrendar un acuerdo. En este caso la consulta se celebrará y será un éxito seguro. Finalmente, la tercera clave es el contenido de la consulta. Si se trata de una consulta integradora, que trate de definir de manera cívica y democrática qué es lo que nos une como sociedad, es difícilmente justificable la utilización del actual ordenamiento para impedir su celebración.

2. Tanto si se logra ese acuerdo como en caso contrario los esfuerzos deben situarse en alcanzar un acuerdo entre las fuerzas políticas vascas. Es prioritario constituir un espacio de diálogo sin exclusiones entre los partidos políticos vascos, contando con la participación ciudadana, que tenga como objetivo asentar las bases y los principios que nos permitan convivir y gestionar nuestra pluralidad de manera pacífica y democrática. En el caso de que este esfuerzo no ofrezca resultados habrá que convocar una consulta que tenga capacidad de desbloquear el diálogo, estableciendo un doble mandato: a ETA, para que ponga fin a la violencia, y a las instituciones y partidos políticos, para que desbloqueen el diálogo y alcancen un acuerdo de convivencia.

3. En Lokarri entendemos que el diálogo entre José Luis Rodríguez Zapatero y Juan José Ibarretxe está encaminado a ejercer un liderazgo compartido para impulsar la paz, el diálogo y el acuerdo, al que también se pueda sumar Sanz. A partir de ahí, el protagonismo tiene que recaer en el conjunto de partidos políticos y en la sociedad vasca, mediante la creación de una mesa de partidos y la puesta en marcha de un proceso de participación social que culmine con un acuerdo que sea refrendado en una posterior consulta popular.

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