
Guillermo Catalán posa en uno de los despachos de Caja Navarra.Foto: n.g.
VITORIA. Niega que las sanciones impuestas por la Defensa de la Competencia vayan a influir en el futuro expansivo de CAN, ni siquiera que el inicio de aquel expediente fuera determinante en la estrategia de la entidad. Guillermo Catalán, director de Comunicación de Caja Navarra, sostiene que ningún cliente ha resultado perjudicado y que la resolución es anacrónica, por lo que no existe delito alguno.
¿Esperaban ustedes el desenlace anunciado por la Comisión?
Lo cierto es que no. Como dijimos en el comunicado del pasado lunes, no estamos de acuerdo con la resolución.
¿Existió el pacto de no agresión que pretende castigar este organismo?
No. En CAN, por un acuerdo entendemos que dos partes convienen formalmente un asunto concreto. Y esa circunstancia, como tal, no existió. Es muy importante contextualizar las actas de las que se extraen los comentarios de quienes estaban presentes en aquella reunión (1990) y que formaban parte de la Federación de Cajas de Ahorros Vasconavarras. Aquél fue un momento concreto, inmediatamente posterior a la liberalización geográfica del mercado de cajas de ahorro. Y en esas actas, los presentes debatieron, acerca de qué iba a pasar en los distintos territorios de los que conforman esta federación. Se habló de un asunto que interesaba y afectaba a todos, pero no existió un pacto formal como tal.
¿Cuál fue la estrategia de expansión de CAN durante los 15 años a los que se refiere la resolución?
Entre 1990 y 2005, CAN tuvo una expansión muy pequeña, centrada sobre todo en Madrid y Barcelona, con una presencia testimonial en el resto de provincias limítrofes. El proyecto real de expansión comenzó en 2004, con un despliegue en forma de mancha de aceite por las provincias más cercanas, en las que entendíamos que era más interesante tener un desarrollo territorial, incluyendo el País Vasco. A raíz de esta polémica, encargamos un estudio a Analistas Financieros Internacionales, para saber cuál hubiera sido nuestro impacto sobre la competencia -que es lo que ahora se cuestiona-, si hubiéramos tenido una expansión similar a la efectuada en Zaragoza.
¿Qué concluyó dicho informe?
Constató claramente que nuestro impacto con un par de oficinas en Euskadi, por ejemplo, hubiera sido absolutamente nulo. Es decir, que hubiéramos influido en la situación competitiva de ese mercado una milésima, porcentualmente hablando. CAN ha seguido sus planes de expansión de forma lógica y el hecho de abrir una oficina en Bilbao o Donostia no creo que sea algo tan relevante como para considerar que se coarta la competitividad de un mercado.
¿Qué motivó ese plan expansivo?
Durante muchos años, ajustamos mucho el músculo competitivo de la entidad reforzando, más que el tamaño y los beneficios, la eficiencia, las ganancias por empleado o el ajuste de los costes. Gracias a ello, nuestros indicadores relativos dentro del sector nos sitúan entre las diez primeras cajas del Estado. Por ello se consideró que era el momento de expandirse geográficamente. Asimismo, constituimos un modelo estratégico muy diferenciado en el mercado, conocido como banca cívica, que habla de derechos exclusivos de los clientes. Es el único que, entre otras cosas, les informa sobre cuánto dinero ganamos con ellos, o el único con el que deciden el destino de sus beneficios para la obra social. El mercado puede estar saturado de muchas formas, pero no en nuestro modelo. No podíamos ir a todos los sitios a la vez, así que comenzamos por La Rioja o Zaragoza.
¿Por qué entonces CAN no desembarca en Euskadi hasta 2006?
Sencillamente, porque no se consideró oportuno.
El inicio del expediente, ¿influyó en los planes de expansión de CAN? ¿Lo hará la resolución a futuro?
En absoluto. Nuestros planes de expansión han superado completamente esta resolución, que ya es anacrónica porque habla de cosas pasadas. Nosotros ya tenemos 38 oficinas en Euskadi. Pero tampoco influyó previamente. Nuestra estrategia tenía un trazado concreto. Un plan que habla de tener más de 70 oficinas en Euskadi -con la inversión y la apuesta que ello supone- no se gesta de un día para otro, ni está condicionado por un expediente.
¿Qué precedentes podría sentar esta resolución en adelante?
Obviamente, es pronto para saberlo. Lo que es evidente es que no estamos de acuerdo con esta decisión y, como hemos anunciado, presentaremos las alegaciones que en su día ya presentamos ante la Comisión. La diferencia es que ahora se cierra la vía administrativa y se abre la judicial. El propio presidente de la Defensa de la Competencia, Luis Berenguer, declaró que estaba dispuesto a archivar expedientes si no había perjudicados o si los culpables de la infracción se comprometían a corregir la situación. Nuestra defensa se argumentará en ambos sentidos. Estamos convencidos de que no ha habido perjudicados y tampoco hay situación alguna que corregir porque, en nuestro caso, ya no existe. Por poner un ejemplo, en Navarra, a finales de 2005, teníamos 11 oficinas financieras por cada 10.000 habitantes, un 10% más que en el resto de España. Es decir, que no se protegía ninguna situación de privilegio porque había más competencia en la comunidad foral que en el resto de España.
¿Qué objetivos tiene CAN a futuro?
Presentamos a principios de año un plan de expansión para 2010, que hemos modificado recientemente para materializarlo en 2008. Plantea la apertura de 438 oficinas en el país, con presencia en la mayor parte de comunidades autónomas, entrando en mercados como Palencia, Andalucía, Galicia o Asturias, e incluyendo 70 oficinas en Euskadi. Nuestro modelo de negocio nos permite tomar una posición que queda libre en el mercado y creemos que es momento de empujar más fuerte.
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