Diario de Noticias de Gipuzkoa

Dictan prisión eludible bajo fianza para los propietarios de Urbancasa

La acusación pide que se decrete una orden de cárcel incondicional para los detenidos

Los arrestados ingresaron en el centro penitenciario de Martutene y podrían salir pagando 200.000 euros cada uno

DONOSTIA. Prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para cada uno de los dos propietarios de Urbancasa como presuntos autores de un delito de estafa. No hizo falta ni media hora para conocer la decisión de la juez. Los letrados de las distintas acusaciones citados ayer a las 9.00 horas en el Juzgado de Instrucción número cinco de Donostia salían media hora después de la citación un tanto cariacontecidos. "No han venido a declarar. Han dictado orden de prisión para ellos, pero seguimos teniendo muchísimas cuestiones que preguntar", confesaban a los medios en los pasillos del Palacio de Justicia. La noche había sido muy larga.

Los abogados se desayunaron con una noticia imprevista. La titular del Juzgado de Instrucción número 5, Aranzazu Aguinaga, había citado en la madrugada de ayer a Ángel Crespo y María Victoria Ferrer Medel, un día antes de lo previsto.

Los dueños de Urbancasa, detenidos el martes en Tarragona, se quejaron de estar en mal estado después del viaje a Donostia, lo que motivó la presencia de un médico forense quien dictaminó que estaban en condiciones de declarar, a pesar de que no lo hicieron.

Horas después, a primera hora de la mañana de ayer, los fotógrafos les aguardaban en la entrada del Palacio de Justicia, pero la foto no fue posible. "Éstos no han venido", se comenzó a rumorear en los pasillos, confirmándose poco después. Los abogados de los perjudicados en el presunto fraude inmobiliario hablaban entre ellos. "Aquí está pasando algo raro", decía a media voz Josean Asensio, el vecino de Lekumberri que adelantó 82.000 euros por una vivienda de nueva construcción de la que nunca más se supo.

Para entonces, la que ha sido durante la última semana la pareja más buscada en Gipuzkoa, estaba ya en los calabozos de Martutene.

La juez había decidido tomarles declaración para no sobrepasar el plazo de detención de 72 horas que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Decretó poco después prisión comunicada que podrán eludir si abonan una fianza de 200.000 euros cada uno.

riesgo de fuga Los letrados no tardaron en mover ficha. Poco después de hablar con la magistrada, presentaron un recurso contra el auto de la juez en el que solicitaron que se dicte prisión incondicional contra los detenidos, ingresados en la cárcel donostiarra, para evitar que la excarcelación les permita destruir pruebas.

"Nos interesa presentar cuanto antes este escrito para poner en marcha la investigación y recuperar las responsabilidades civiles en las cuales hayan podido incurrir", explicaba ayer el letrado Bernardo Inza poco antes de reunirse con el resto de abogados de la acusación.

Le acompañaba el letrado Juan Manuel Montaves, quien incidía en la necesidad de "darse prisa", a la espera de saber "si hay procedimientos en otros juzgados de otras comunidades autónomas".

En el auto de instrucción de la juez figura que la medida de ingreso en la cárcel deriva en el caso de ambos detenidos "no sólo de la gravedad de los hechos" que en el momento procesal actual constata 15 denuncias interpuestas por perjudicados por hechos acaecidos desde 2004, sino también del valor de lo defraudado "prudencialmente estimado en 699.500 euros".

La magistrada entiende que la situación en la que se encuentran los dueños de la agencia "no hace sino agravar el riesgo de fuga amparado en una falta de arraigo laboral suficiente". Con la encarcelación se evita también la posibilidad de que los inculpados oculten, alteren o destruyan pruebas.

Es a partir de ahora cuando la titular del juzgado donostiarra tendrá que pronunciarse de nuevo para responder al recurso interpuesto por los letrados que representan en Gipuzkoa a las víctimas de la presunta estafa. "Intuimos que será para el lunes a más tardar", elucubraba Inza.

Este abogado señaló que a sus representantes les interesaba que se localicen cuanto antes los bienes que puedan estar en manos de Crespo y Ferrer. También instó a la Fiscalía, como el resto de letrados de la acusación, a que indague si pueden existir otros procedimientos contra la pareja fuera de Gipuzkoa y Navarra puesto que eso abriría la posibilidad de que se encargara de todas las causas la Audiencia Nacional. Por el momento, el caso se llevará por separado en Gipuzkoa y Navarra.

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