Diario de Noticias de Gipuzkoa

El Tribunal Superior vasco sitúa a Ibarretxe a las puertas del banquillo de los acusados

desestima el recursode la defensa y deja en manos del juez instructor el inicio del juicio

La magistrada Nekane Bolado critica en su voto particular que el auto no aborde si existen o no indicios de delito

vitoria. Un año después del alumbramiento del caso Ibarretxe , el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sumó ayer un nuevo paso que deja en puertas del banquillo de los acusados al lehendakari por reunirse con representantes de la izquierda abertzale. Dos de los tres magistrados que conforman la Sala de lo Civil y lo Penal -el presidente del Tribunal, Fernando Ruiz Piñeiro, y el portavoz de la conservadora Asociación de Profesionales de la Magistratura, Antonio García- forzaron con sus votos un auto mediante el que desestiman los recursos presentados por las defensas del jefe del Ejecutivo vasco y los demás imputados en la causa -los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, por idéntico motivo, y dirigentes de la izquierda abertzale encabezados por Arnaldo Otegi-, además del tramitado por la Fiscalía.

A partir de ahora se abre un periodo de espera -entre 10 y 15 días, según fuentes consultadas- para conocer si el juez instructor del caso, Roberto Saiz, considera oportuno decretar la apertura del juicio oral o un sobreseimiento que sorprendería a los imputados visto el camino que el proceso judicial ha seguido desde sus inicios.

Lehendakaritza y medios de comunicación conocían en la mañana de ayer el último auto del tribunal vasco. En él quedaban de manifiesto, una vez más, las discrepancias en el seno de los integrantes de la Sala. Mientras Ruiz Piñeiro y García hacían valer su mayoría para dar continuidad a la causa y completar la última etapa previa a la vista oral, la tercera magistrada, Nekane Bolado, volvía a poner de relieve su oposición al encausamiento con un voto particular.

A lo largo de siete folios, Bolado rechaza la negativa del resto de la Sala a abordar en el nuevo auto lo que ella considera el fondo de la cuestión; es decir, si existen o no "requisitos tanto objetivos como subjetivos de la infracción imputada", una demanda que los otros dos jueces no comparten al estimar que el pronunciamiento de la Sala debía limitarse a la "transformación de las diligencias previas a un procedimiento abreviado", tal y como determinó Saiz en julio.

En este sentido, y según consta en el auto, esta tramitación "no prejuzga en nada la solución del litigio ni en cuanto a la calificación de los hechos ni en cuanto a la responsabilidad de los imputados", valoraciones que se postergan para el juicio en caso de que éste tenga lugar.

Frente a esta argumentación, Bolado recuerda que el nuevo estatus judical que adquieren los imputados puede implicar que "sufran innecesariamente determinados gravámenes". En este capítulo, la magistrada afirma que la apertura del juicio, con independencia de cuál sea la sentencia, "es perniciosa", al someter a los imputados "al cuestionamiento de su inocencia en una vista pública con la consecuencia moral que ello provoca".

Bolado insiste en su negativa ante la defensa en el auto de la inadecuación del momento procesal para abordar el supuesto delito de desobediencia cometido por los imputados, y en su argumentación recuerda que una vez el juez instructor decrete la apertura del juicio oral, un siguiente paso "lógico" en su opinión vistas las decisiones precedentes, los imputados carecerán de alternativas al no caber recurso alguno.

Este posicionamiento comparte una visión común con el esgrimido por el Ministerio Fiscal, donde sus responsables estiman que los encuentros de los dirigentes políticos con representantes de la izquierda abertzale "carecen a priori de entidad delictiva", términos similares a los expuestos por el Tribunal Supremo.

reacciones Pese a su oposición frontal, el Gobierno Vasco acogió sin sorpresas la decisión del TSJPV. Su portavoz, Miren Azkarate, criticó al respecto que detrás de esta "resolución anunciada" existe un camino procesal en el que el juez instructor y la mayoría de los magistrados de la Sala "sólo han sido sensibles a los argumentos presentados por el Foro Ermua y la asociación Dignidad y Justicia".

Desde Lehendakaritza asumen que el paso de Ibarretxe por el banquillo de los acusados no tiene freno ni marcha atrás, lo que supondrá que "quienes han tenido y tienen como estrategia la politización de la Justica han visto cumplidas sus expectativas".

Menos beligerantes y sin entrar en la "criminalización del diálogo" denunciado por Azkarate se mostraron en el PSE. A través de un comunicado, se limitaron a transmitir que corresponde al juez instructor decidir si acuerda o deniega la apertura del juicio oral, reiterando "el máximo respeto" a las decisiones judiciales.

No obstante, añadieron que Patxi López y Rodolfo Ares utilizarán todos los medios legales para defender el archivo de la causa, aunque para optar de nuevo a este recurso deberán aguardar a que la vista oral dé inicio.

Desde la izquierda abertzale optaron por guardar silencio, mientras que la decisión judicial provocó una cascada de reacciones en el seno del tripartito. EA calificó de "esperpéntica" la decisión de mantener abierta la causa, ya que "parte de la Justicia, camina contra los deseos de la sociedad vasca que apoya y reclama una salida dialogada para la búsqueda de la paz".

Por parte del PNV, el portavoz de su Ejecutiva, Iñigo Urkullu, señaló que el objetivo del alto tribunal vasco es "sentar en el banquillo de los acusados" al lehendakari. En este sentido, valoró que el auto está "absolutamente alejado de la realidad y de las exigencias sociales".

En una línea argumental semejante, el portavoz de la Presidencia de EB, Mikel Arana, señaló que el auto "es más propio de una caza de brujas que de un Estado de Derecho".

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