Diario de Noticias de Gipuzkoa

Causas colaterales

L A operación policial de ayer contra la Mesa Nacional retrotrae inmediatamente a los acontecimientos de 1997, cuando la dirección de HB fue encarcelada. Aquel proceso propició la entrada en la cúpula de la formación abertzale de Arnaldo Otegi, uno de los muñidores del Pacto de Lizarra. Diez años después y con Otegi en la cárcel, Batasuna afronta el proceso inverso, buscar una nueva dirección que encarrile el camino tras el fin del alto el fuego de ETA.

Pero esta operación policial deja abiertas además muchas incógnitas judiciales para el futuro próximo, no sólo en lo que a la dirección de la formación ilegalizada se refiere, sino también a otras causas más o menos colaterales que orbitan en los tribunales en torno al famoso sumario 35/02 instruido por Baltasar Garzón.

El caso más evidente -y el PP se encargó ayer de ponerlo sobre la mesa- es la situación de EHAK y ANV. Existe ya en la Audiencia Nacional un sumario -abierto por el juez Fernando Grande-Marlaska- que investiga la presunta vinculación del Partido Comunista de las Tierras Vascas con HB-EH-Batasuna y en la que se estudia la presunta existencia de un delito de colaboración con organización terrorista.

En septiembre de 2005, la Audiencia Nacional impuso medidas cautelares mínimas a cuatro de los promotores de EHAK, acusados en aquel auto de "asentir" al mandato de ETA "permitiendo que una vez celebradas las elecciones el partido y el grupo parlamentario fueran utilizados" para los fines de ésta. En estas diligencias, abiertas a consecuencia de una denuncia de la AVT, también están imputados dos responsables de comunicación de Batasuna y el de EHAK, que quedaron libres bajo fianza de 100.000 euros

El registro en su sede de Donostia podría augurar acontecimientos complicados para la formación a la que presta rostro Nekane Erauskin en el Parlamento Vasco. Ahora bien, el precedente sentado por Sozialista Abertzaleak garantizaría al grupo parlamentario de Ezker Abertzalea su pervivencia en caso de que los tribunales comenzaran a mover la maquinaria de la ilegalización.

En este punto merece la pena destacar un auto dictado por el propio Garzón en febrero de este año en el que desgranaba un listado de organizaciones no ilegalizadas que forman parte, según informes de la Unidad Central de Información de la Policía, de la izquierda abertzale, entre las que citaba a Aralar, Gesto por la Paz, LAB y EHAK.

futuro incierto para anv

Detenidos del partido

En parámetros similares se mueve ANV. Con buena parte de sus listas electorales declaradas ilegales por el Tribunal Supremo, su futuro no es menos incierto después de comprobar que dos de los detenidos en Segura formaron parte de candidaturas de esta formación anuladas en los pasados comicios de mayo. La espada de Damocles que pende sobre Acción Nacionalista Vasca es la ausencia de condenas por su parte a los últimos atentados de ETA, un elemento insuficiente para instar a la ilegalización del partido a juicio del fiscal general del Estado, pero que acumulado a otros indicios podría bastar para iniciar el proceso.

En paralelo al sumario 35/02 -y la ilegalización de HB-EH-Batasuna- corre la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia vasco contra el lehendakari, los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, y los líderes de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Pernando Barrena, Juan Joxe Petrikorena, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia. Se les imputa, en diverso grado, un delito de desobediencia y quebrantamiento de medida cautelar por haber mantenido diversas reuniones en 2006, durante el alto el fuego. El juez instructor debe decidir en breve si abre o no juicio oral contra los imputados.

En el auto de prisión que Garzón dictó ayer contra Joseba Álvarez -única pista hasta ahora sobre por dónde puede caminar el auto que ha motivado el operativo de Segura- se detallan hasta 11 reuniones de miembros de Batasuna entre julio de 2006 y septiembre de 2007, "en el marco de una escalada exponencial de acciones terroristas (incluida la kale borroka )", por lo que "ha de interpretarse que la actividad del imputado y de la ilegal estructura no pueden interpretarse de forma aislada y diferente, sino como coadyuvantes con aquella otra acción violenta que la vanguardia armada desarrolla".

Garzón firmó en julio de 2006 otro auto por el que autorizó la reunión de dirigentes del PSE y Batasuna, al entender que prohibirlo excedía "absolutamente" la suspensión de actividades. "Si así no se hiciera -añadía- no sería posible que se realizara ningún tipo de diálogo con ninguna persona que hubiera cometido un hecho delictivo, máxime si se tiene en cuenta que la resolución judicial que establece la suspensión es provisional, por cuanto no existe sentencia firme; y, por otra parte, el potencial diálogo con la propia organización sería inviable".

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