Diario de Noticias de Gipuzkoa

Sábado, 29 de septiembre de 2007

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Colaboración

Nuevo escándalo

por Andoni Urbieta

No corren buenos tiempos para la imagen pública y la credibilidad política de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Son varias las razones en las que se sustenta esta afirmación y, entre ellas, destacaremos como más relevantes desde las presuntas irregularidades fiscales en la declaración patrimonial de Jon Jauregi, del PNV, que le obligaron a presentar su renuncia como candidato a diputado general, pasando por el escandaloso fraude descubierto en la Hacienda de Irun (esperemos las conclusiones de la Comisión de Investigación recientemente constituida), y concluyendo con el poco edificante ejemplo que han dado los partidos políticos en el proceso de negociación para alcanzar un acuerdo de gobierno de la institución foral, porque han trasladado a la opinión pública la imagen de querer gobernar a cualquier precio, quedando en un segundo plano el interés general al que deben servir.

Pero todo no queda ahí porque, una vez finalizadas las intensas negociaciones que culminaron en un acuerdo de gobierno en minoría entre PNV y EA, nos hemos encontrado con que una de las partes más sustanciales del pacto alcanzado era, una vez más, el desmedido incremento de asesores y asesoras, que sumados a los cargos políticos y personal de confianza nombrados por dichos partidos, ascienden a 79 miembros.

Entendemos desde CCOO que con estas actuaciones se hace un daño irreparable a la institución y a la credibilidad de la acción política. Y una de sus consecuencias más preocupante es que no se sabe dónde acaba la burocracia política y dónde empieza la burocracia funcionarial. O dicho de otra manera, dónde acaba la función política y dónde empieza la función pública, y esto es algo que, por razones de salud democrática, debe delimitarse con la máxima claridad.

Porque, ¿cómo es posible que hayamos pasado de seis asesores y asesoras que había en la legislatura 1999-2003, a 14 en la 2003-2007 y a nada más y nada menos que 21 en la que ahora comienza? Parece evidente que se trata, legislatura tras legislatura, de colocar en la administración pública a personas afines. Unas para que trabajen para los partidos políticos que les nombran y otras, que son más necesitadas que capacitadas, para asegurar un sueldo. Eso sí, entre todos nos cuestan del orden de 5 millones de euros. Y esto está en clara contradicción con el discurso del diputado general que, en la toma de posesión de su cargo, hizo una solemne declaración sobre "la ética y transparencia en la gestión".

Pero, por si fuera poco, también los que se van nos cuestan dinero. De ello ya se encargaron las Juntas Generales salientes, aprobando la Norma Foral 6/2005 que, en su artículo 50 -indemnizaciones por cese de los miembros de la Diputación Foral- regula los derechos indemnizatorios por cese del diputado general y de los diputados forales, "sin perjuicio de la previa acreditación del supuesto personal en que se encuentre el afectado".

Ello garantiza un salario de 6.524 euros mensuales durante 12 mensualidades al diputado general cesante, compatible con la retribución que percibe como presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia, puesto para el que ha sido recientemente nombrado por el Gobierno Vasco, y 5.525 euros mensuales, durante un año, a los diputados forales, con independencia de si ocupan otro cargo público que no recoja este derecho, o vuelvan a su puesto de trabajo.

También los directores y directoras generales de los departamentos, al amparo de lo dispuesto en el Art. 53 de la precitada Norma Foral, tienen derecho a una indemnización, de una sola vez, de más de 5.000 euros y, en caso de carecer de actividad, a una cuantía mensual de 2.100 euros durante un máximo de 12 meses, en función de los años de servicios acreditados. Ya tenemos antecedentes en nuestro país de la habilidad del PNV para fabricar el futuro de sus fieles por el sistema de crear Sociedades y empresas públicas donde colocar los "cadáveres políticos" del partido, e incluso a miembros de algún sindicato amigo. Pero esta es una cuestión que abordaremos en otro momento.

Sería muy conveniente que el diputado general, Markel Olano, nos explicara a la ciudadanía guipuzcoana cuánto tenemos que aportar de nuestros bolsillos para hacer frente a lo que nos cuestan en sueldos, dietas, indemnizaciones y otros gastos, los cargos públicos de nombramiento político de la institución que preside. Los políticos que dirigen nuestros designios tienen que ser un ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Y cuando en la gestión pública desaparecen estos valores, la política se derrumba y se convierte en un instrumento incapaz de resolver los problemas reales de la ciudadanía y, lo que es más grave, debilita la confianza en las instituciones.

* Responsable de CCOO de la Diputación Foral de Gipuzkoa