Diario de Noticias de Gipuzkoa

javier burón, viceconsejero de vivienda del gobierno vasco

"Euskadi se encamina a conseguir que la vivienda sea un derecho como la sanidad, exigible ante los tribunales"

Asume el cargo con la "tranquilidad" de haber trabajado durante casi seis años en el departamento de Madrazo. El nuevo viceconsejero vasco de Vivienda, Javier Burón, valora que la futura ley coloca a Euskadi "en la senda" de equiparar la vivienda con la sanidad o la educación

donostia. Javier Burón llega a la viceconsejería con la "naturalidad" de haber sido parte del anteproyecto de la Ley de Vivienda. Convencido de que no se puede dejar a buena parte de la ciudadanía "al albur del mercado de la vivienda", apuesta por conjugar construcción, alquiler y rehabilitación para que el hogar llegue a ser un derecho. El trabajo que queda por delante "se desdramatiza" al pensar que es una labor compartida con los ayuntamientos vascos.

Con el anteproyecto de Ley de Vivienda diseñado, ¿cómo se presentan los apoyos necesarios para sacarlo adelante en el Parlamento Vasco?

Primero debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno, en un proceso de ajuste entre los socios del tripartito, que tiene que ser razonablemente rápido y sencillo. Después, como pasó con la Ley del Suelo, sólo partimos con el rechazo del PP. Nada hace pensar que el resto de grupos, Aralar, EHAK y PSE, que han jugado un papel importante en la definición de marcos legales en relación al suelo, no vayan a hacerlo en el consenso necesario para aprobar la ley.

¿Dónde sitúa a Euskadi esta ley con respecto a Europa?

Aprobada la Ley del Suelo, y si sale adelante la de vivienda, estamos en un panorama de intervención de las administraciones tal y como hoy lo vivimos en materia de educación y sanidad. Nadie concebiría que, para prestar esos servicios, las instituciones no interviniesen.

¿Es mucho decir que será un derecho como la sanidad o la educación?

No. Tenemos que caminar en la senda de llegar a equipararlas. Será un derecho sólo si, en caso de no ser provisto por las administraciones, el ciudadano pueda ir a exigirlo a los tribunales. Hay que tender a que la sanidad, la educación, los servicios sociales y la vivienda sean un atributo más del estatuto de ciudadanía.

Uno de los puntos que mayor reacción produjo fue el canon de nueve euros diarios para los pisos desocupados. ¿Esperaba este revuelo?

Era previsible si recordamos que hasta la fecha nadie lo había puesto encima de la mesa como una necesidad. En Europa hace muchas décadas que se asume que las instituciones tienen que luchar contra las viviendas vacías. Son un problema medioambiental, económico y social. Hemos recibido críticas, pero en esto, como en otras cosas, haremos la convergencia europea.

¿Se trata de recordar que la vivienda es un derecho?

Es un toque de atención a que hay un stock de pisos, que ya ha producido su huella ecológica y que no está siendo utilizada para nada. Por ello, en una situación en la que las personas no tienen acceso a un piso en términos similares que a la sanidad o la educación, este tipo de medidas son un recordatorio de que la vivienda es una mercancía, pero también es el soporte físico de un derecho fundamental.

Los municipios se tendrán que poner a trabajar, ya que ellos gestionarán el tributo... ¿Están dispuestos a colaborar?

Es un impuesto autonómico, pero se ha considerado que los ayuntamientos están mejor posicionados sobre el territorio para poder hacerse cargo del canon. Puede parecer que poner en sus manos esta recaudación es evasivo por parte del Gobierno Vasco, pero los ayuntamientos, con motivo de la Ley del Suelo, dijeron que eran parte de la solución al problema de la vivienda. Estamos de acuerdo y uno de los trabajos es luchar contra los pisos vacíos.

Algunos se llevaron las manos a la cabeza tras el anuncio del canon, al considerarlo una intromisión en la propiedad. ¿Dónde está el equilibrio?

La Constitución española reconoce el derecho a la propiedad, pero indica que ésta tiene una función social. Además, añade que toda la riqueza se subordina al interés general. Si alguien defiende que el derecho a la propiedad está por encima de todo lo demás, desconoce la Constitución.

Elkartzen ha sido uno de los colectivos más críticos con este anteproyecto de ley.

He intentado reunirme con ellos en reiteradas ocasiones, pero no parecen muy favorables. Creo que no suelen enjuiciar con ecuanimidad lo que se les pone encima de la mesa. No se puede exigir a una Comunidad Autónoma lo que no puede regular. En lo que nos compete no debe tener empacho en aceptar que la realidad hoy es radicalmente distinta a la de hace unos años. Hay un nivel de producción de VPO de unas 5.000 unidades al año de media, nadie había movilizado vivienda vacía hacia el alquiler y se ha hecho un gran esfuerzo de rehabilitación de pisos.

¿Se ha tardado demasiado en comenzar a plantear soluciones?

En Euskadi menos, porque desde 2002 se han activado políticas fuertemente intervencionistas. Además, partíamos de una tradición de hace 10 ó 15 años de una acción pública sostenida en el tiempo. Sin embargo, en el resto de las comunidades autónomas se ha tardado tanto en intervenir que todavía no se ha hecho nada. En caso de los ayuntamientos vascos y el Ejecutivo autonómico se ha reaccionado a tiempo.

¿La solución a la vivienda pasa sobre todo por la construcción?

Todo no es preocuparnos de crecer. No hace falta sólo construir vivienda protegida, aunque es una de las tareas importantes que hay que realizar. Aunque no está muy de moda, es muy importante destinar dinero a la rehabilitación y regeneración de las viviendas. Además, hacen falta políticas fiscales distintas, que beneficien el alquiler frente a la propiedad, la VPO frente a la libre y la ocupada frente a la desocupada.

¿Cuesta que las personas se decanten por el alquiler?

No creo mucho en esto de la cultura de la propiedad; hace unos 30 años la mitad de los ciudadanos vivía de alquiler. Dependerá de lo que le pongamos delante a la ciudadanía. No es tanto un problema de cultura, sino de que haya una poderosa oferta pública de viviendas protegidas en alquiler a un precio razonable.

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