
Decenas de mujeres se manifiestan en Ordizia contra la violencia de género.Foto: ane irastorza
donostia. Alrededor de medio millar de mujeres víctimas de la violencia machista conviven en los pisos de acogida del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Esta cifra desciende cada año ligeramente, fruto de la eficacia del Protocolo de Intervención ante un caso de malos tratos. Mediante esta vía, la Administración potencia que sea el agresor el que abandone el domicilio particular, y no la mujer maltratada en busca de la seguridad física de la que nunca gozó.
Pero dado el caso, los 60 pisos de acogida del departamento, divididos a partes iguales entre los tres territorios de la CAV, están abiertos para recibir a las víctimas. Y no sólo a ellas, sino a todos los hijos o personas dependientes -mayores o minusválidos, por ejemplo- a su cargo. Y si bien son 500 las mujeres agredidas, las personas dependientes que también se trasladan hasta los pisos de acogida suman ya más de un centenar. En la mayoría de casos se trata de los hijos e hijas de la mujer menores de edad.
Fernando Consuegra, viceconsejero de Asuntos Sociales, presentó ayer el decreto que regula la homologación de estos apartamentos para equipararlos con las directrices europeas de calidad y que descarta construir más centros. A este respecto, la directora del departamento, Carmen Vicioso, aseguró que "para mejorar la respuesta de los servicios sociales ante un caso de violencia machista, hoy en día no es necesario construir más pisos de acogida sino reordenar los existentes".
primera respuesta La alternativa, entonces, pasa por diversificar los centros de la red de acogida para singularizarlos a cada perfil de mujer maltratada. En este punto se detectan tres etapas.
En un primer momento, la familia accede a los servicios de acogida inmediata, breve período de cinco días en el que se valoran sus necesidades. Es entonces cuando se trasladan a un piso de acogida, en el que la estancia puede alcanzar los cuatro meses. Estos pisos tienen la característica de encontrase integrados en un inmueble cualquiera de la localidad de acogida, preservando así la privacidad de los afectados. "En vez de construir grandes centros de ayuda apostamos por un sistema capilar, que no identifique al usuario", explicó Consuegra.
centros de acogida La segunda opción de ingreso son los centros de acogida, de hasta 30 plazas, los cuales están enfocados a una estancia más larga que pueda superar el medio año. En ellos, los asistentes sociales tratan con mujeres expuestas a un mayor abanico de problemas. En muchos casos carecen de trabajo y, además, padecen dificultades de socialización. Es por ello que los trabajadores del Departamento de Asuntos Sociales tratan de potenciar la autonomía personal de las víctimas.
El decreto no prevé sumar nuevos centros a los ya existentes, en tanto que la apuesta de Ezker Batua -que dirige la consejería-, pasa por modificar la red para ganar eficacia. No obstante, sí han negociado la creación de al menos un recurso -piso o centro- con todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, si bien la mayoría de ellos ya contaba con este tipo de servicio. En el caso del resto de los municipios, el decreto establece que sean las diputaciones las que garanticen la atención de las necesidades que surjan. En este sentido se creó en Gipuzkoa el Servicio Foral de Urgencias Sociales. Además, cada territorio histórico de la CAV deberá contar con un recurso de asistencia inmediata.
requisitos Este último tipo de recursos deberán funcionar las 24 horas al día los 365 días al año. Con el fin de garantizar la asistencia sin límites, para acceder a ellos no será exigible estar empadronada en la CAV y el tiempo de estancia no será inferior al necesario para valorar el caso y derivar a la mujer maltratada a otro recurso más adecuado.
Cada piso de acogida inmediata tendrá una capacidad máxima de cinco plazas, mientras que si se trata de una zona residencial conformada por módulos de habitaciones la capacidad máxima será de 24 plazas. Así, mediante este decreto, Gipuzkoa deberá definir sus recursos, concretamente los de urgencia, después de que la anterior legislatura acabara con el debate en torno a este asunto.
La entonces diputada para los Derechos Humanos, Empleo e Inserción Social, Mari Carmen Marín, abogó por esperar a la tramitación del decreto para decidir sobre la creación de un centro específico foral de acogida de urgencia similar al que ya posee Donostia. No obstante, también matizó entonces que la red de acogida concretada en 21 centros municipales y dos forales ya garantizaba la atención a las víctimas de maltrato en el territorio guipuzcoano. Será ahora cuando, con el texto en la mano, la nueva diputada para la Política Social, Maite Etxaniz, deba ver si realmente los recursos son suficientes.
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