
Una joven pasa junto a la oficina de Hacienda de Irun.Foto: karlos corbella
Donostia. La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del departamento de Hacienda y Finanzas, investiga en la actualidad otros 151 expedientes de supuestas con indicios de irregularidades en la oficina de Hacienda de Irun, donde se detectaron supuestas malversaciones entre los años 1995 y 2004.
El diputado foral de Hacienda, Pello González, adelantó ayer ante las Juntas Generales que su departamento analiza esos nuevos expedientes porque hay "indicios más que razonables" de que contienen actuaciones irregulares. El Ejecutivo foral espera que estos casos se añadan a los que están siendo investigados por el juzgado de instrucción número dos de Irun y la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa en el sumario abierto que ha llevado a la cárcel de manera provisional al principal imputado, el ex director de la oficina tributaria irundarra, José María Bravo.
González detalló que los mencionados 151 expedientes corresponderían a operaciones realizadas en la citada sucursal de Hacienda entre los años 1991 y 2001. El diputado foral reconoció que la inclusión de estos nuevos casos podría alargar el sumario pero consideró que "es más importante que quede todo el asunto aclarado y se depuren todas las responsabilidades en el caso", que denominó affaire Bravo .
"tolerancia cero" El responsable de la Hacienda guipuzcoana se refirió al caso de las supuestas malversaciones en la oficina de Irun al definir una de las líneas de actuación de su departamento para esta legislatura, la de "recuperar la confianza de la ciudadanía guipuzcoana" a raíz de un caso que ha llegado incluso a tener consecuencias políticas. González admitió que la imagen del erario público ha quedado en entredicho "por la acción de unos desalmados" pero anunció que el departamento que dirige mostrará una actitud activa en el asunto.
"No seremos un ente pasivo", advirtió González, quien recordó que la Diputación, a través de su personación como acusación particular en las diligencias penales abiertas, exigirá "la devolución de todo el dinero defraudado", cifrado por el ente foral en más de cinco millones de euros.
"Vamos a mostrar una tolerancia cero", aseguró el diputado foral, aunque matizó que "no deseamos que paguen justos por pecadores", tras lo cual destacó "la profesionalidad de los trabajadores de Hacienda, que se han visto salpicada" con este caso.
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