Diario de Noticias de Gipuzkoa

Más de 700 propietarios reclaman por desperfectos en sus pisos ante Consumo

un total de141 guipuzcoanos pusieron una queja en lakua durante el año pasado

Los defectos en la construcción, el incumplimiento de plazos de entrega y la facturación indebida, principales causas

donostia. El número de vascos propietarios de una vivienda que reclaman ante la Dirección de Consumo del Gobierno Vasco crece cada año. Y es que las deficiencias con las que muchas promotoras entregan los apartamentos de nueva adquisición llevaron a protestar, sólo en 2006, a más de 700 propietarios de la CAV en las oficinas del Departamento de Industria y Comercio.

Especialmente sensible es el caso alavés, puesto que fueron 185 los ciudadanos que reclamaron ante el Departamento en 2006, una cifra proporcionalmente más alta que Bizkaia (382) y Gipuzkoa (141) si se tienen en cuenta su menor población.

tipos De entre todas las quejas relacionadas con la vivienda -tanto en su promoción como en su reparación-, destacan los defectos de construcción, que constituyen ya el 43%.

Les sigue el incumplimiento del plazo de entrega de una vivienda, así como el quebrantamiento de la memoria de calidad. Aúnan el 27% de las reclamaciones. Tras ello se encuentran los trabajos mal efectuados, que acaparan el 22% de las intervenciones. La facturación indebida, por su parte, reúne al 7% de las quejas. Por último, el 1% de las peticiones ante la Dirección de Consumo se deben a una publicidad engañosa.

Quizá la escasa proporción de quejas en este sentido se deba al desconocimiento popular de que "toda publicidad es exigible", comenta Blanca Ibáñez, asesora jurídica de la Unión de Consumidores de Álava. Ésto es: cualquier folleto tiene valor contractual, y es exigible disfrutar positivamente de todos los términos en ellos recogidos. "Si en la fotografía se ve que el edificio tiene una malla cerrando el paso, deberán instalarla realmente", cuenta Ibáñez.

ante la duda Las solicitudes de arbitraje también se asientan sobre una tendencia alcista. En 2006, de hecho, se contabilizaron 89 peticiones de mediación a la Dirección de Consumo relacionadas con los gremios dedicados a la reparación de vivienda. Así mismo, otros ocho propietarios requirieron el arbitraje para zanjar sus diferencias con otras tantas empresas inmobiliarias.

Este trámite ahorra el coste económico que supone iniciar acciones judiciales contra una empresa. Es la Administración pública la que sanciona el desacuerdo, y el veredicto goza de la misma validez que una sentencia judicial. La empresa demandada, sin embargo, debe reconocer este sistema de justicia, por lo que se recomienda instalar esta cláusula en el contrato de adquisición.

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