Diario de Noticias de Gipuzkoa

Garzón pide al Juzgado de Donostia que le ceda la causa contra Olano

el movimiento pro amnistía subraya que seguirá denunciando la vulneración de derechos

madrid/donostia. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 4 de Donostia que se inhiba y le ceda la causa por la que el portavoz del Movimiento Pro Amnistía, Juan Mari Olano, está acusado, junto a los otros ocho detenidos, de incitar a cometer desórdenes públicos durante la manifestación del pasado domingo en la capital guipuzcoana. El magistrado viene a dar la razón a la abogada de Olano, la también dirigente abertzale Jone Goirizelaia, que ya planteó al juez una declinatoria de jurisdicción, entre otros motivos, porque Garzón no es competente para juzgar un caso cuya competencia ya ha aceptado otro juzgado.

La letrada tampoco considera competente a Garzón porque la causa Gestoras-Askatasuna en la que Olano está acusado de un delito de integración en organización terrorista está ya en la Sala de lo Penal y es el "mismo delito" que se le ha imputado esta semana. A la espera de que la defensa presente su recurso y los tribunales tomen alguna decisión, las reacciones ayer no se hicieron esperar. Desde el Movimiento Pro Amnistía, Xabier Juaristi, exigió la inmediata puesta en libertad de Olano y repartió responsabilidades entre el Gobierno del PSOE y el PNV.

A ambos les acusó de apostar por las "vías represivas" para tratar de desmembrar el Movimiento Pro Amnistía. Objetivo, dijo, que no conseguirán, ya que seguirán denunciando la vulneración de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos vascos.

OTRAS REACCIONES Otros agentes políticos y sociales vascos también se pronunciaron al respecto. Tras manifestar su desacuerdo con el encarcelamiento de Olano, Aralar advirtió de que con "la legislación llamada antiterrorista y las medidas y juzgados de excepción no se ayuda a la normalización de este país sino todo lo contrario".

La formación abertzale considera "gratuitas" las finalidades y móviles que el juez de la Audiencia Nacional atribuye al propio Olano y las personas que acudieron a la manifestación del domingo, y defiende que "no cabe imputar delitos terroristas por actuaciones públicas". "La calificación de terrorista a una actuación pública es un exceso inaceptable y antidemocrático", concluye Aralar en su comunicado.

El sindicato ELA también remitió una nota en la que muestra su rechazo al encarcelamiento de Olano y afirma que "se han de respetar los derechos inherentes a la libertad de expresión y manifestación". "Con esta política de hechos consumados, el Gobierno de España retoma la línea emprendida por Aznar en la negación de estos derechos básicos", asevera. >J.G.LURGAIN/AGENCIAS

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