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El fiscal pide entre 10 y 15 años de cárcel para los 22 procesados en el 'caso Udalbiltza'

solicita además la suspensión de actividades de esta asamblea de electos

Basa su escrito en las tesis de Garzón sobre el supuesto "entramado de ETA"

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madrid. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita penas de entre 10 y 15 años de cárcel para 22 ex alcaldes y ex concejales de Batasuna, procesados en el caso Udalbiltza , por integración en organización terrorista y malversación de caudales públicos, al formar parte de "una plataforma bajo el control directo y exclusivo de ETA a través de Ekin (su supuesto aparato político)" y la ilegalizada Batasuna.

Para los 22 procesados, el fiscal Juan Moral pide 10 años de cárcel por integración en organización terrorista y para cuatro de ellos -Joseba Mikel Garmendia, Loren Arkotxa, Xabier Alegría y Xabier Iragorri- pide también penas de cinco años de prisión por el delito de malversación de caudales públicos.

El representante del Ministerio Público hace esta petición en su escrito de conclusiones provisionales que ayer remitió a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ahora debe señalar la fecha del juicio de esta causa.

Entre los principales acusados destaca Xabier Alegría, juzgado en el macrojuicio por el sumario 18/98, dentro de la pieza Ekin, por integración en organización terrorista y pendiente de conocer la sentencia.

Además de las penas de prisión, Moral solicita que se suspenda definitivamente la actividad de las entidades de la Asamblea de Electos conocida como Udalbiltza-Kursaal, se clausuren sus locales, se disuelvan las mismas, y "la prohibición de realizar operaciones mercantiles". Estas sociedades fueron creadas para gestionar los fondos que se "desviaban" desde los 62 ayuntamientos que, al menos en 2002, pertenecían a Udalbiltza (que aportaban, bien el 1% de sus presupuestos anuales o bien el 1,4% de sus ingresos ordinarios) y para la "captación" de subvenciones públicas.

las tesis de garzón El fiscal hace referencia en su escrito de 37 folios a todos los indicios sobre el funcionamiento "alegal" de Udalbiltza-Kursaal recabados por el juez Baltasar Garzón en la causa que abrió en 2003. Así, relata como se creó Udalbiltza, el 24 de febrero de 2001, cuando se celebró en el Palacio Kursaal de Donostia la primera Asamblea de esta plataforma que, "en forma alegal, actuará bajo la única dirección de ETA-Ekin".

En esa misma Asamblea, se aprueba el primer presupuesto correspondiente a 2001 que asciende a 991.670 euros para sufragar nueve comisiones de trabajo, y se decide también dar cauce a la plataforma Bai Euskal Herria para que dinamice la difusión del EHNA. Tras la ruptura de la tregua de 1998, ETA-Ekin y la izquierda abertzale reactivan su proyecto de Udalbiltza, con el que pretenden no "sólo burlar las resoluciones judiciales" que desbarataron el supuesto entramado político, social y financiero de ETA (con las actuaciones contra Egin, Xaki, Ekin, Gestoras Pro Amnistía-Askatasuna, Jarrai-Haika-Segi y Batasuna) sino "presentar candidaturas electorales locales" que aseguren "el control de ETA-Ekin" y que "constituyan el embrión del futuro partido" que sustituiría a Batasuna.

El pilar de este proyecto son los ayuntamientos, cuya legalidad se aprovechará "para generar espacios de alegalidad como Udalbiltza que se financien, al menos en parte, con fondos públicos "desviados" por los ayuntamientos. Todo ello, "con el fin de dotar a Udalbiltza-Kursaal de cierta capacidad jurídica que le permita su actuación en el tráfico jurídico-mercantil y así poder dar de alta a trabajadores en la Seguridad Social, contratar líneas telefónicas, abrir cuentas bancarias o adquirir locales" y para ello constituyen las asociaciones cuya clausura definitiva pide ahora el fiscal. >agencias

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