
Espoxición de diferentes modelos de calderas de gas.Foto: maite gonzález
donostia. El Gobierno Vasco ha ordenado el cierre durante tres años de la delegación de la empresa Sercatalgas S.L. en Donostia por realizar revisiones de forma fraudulenta y le ha impuesto una multa de 45.300 euros, según informó ayer el Departamento de Industria, Comercio y Turismo.
El Ejecutivo autonómico inició en noviembre del año pasado un expediente sancionador contra la empresa al tener indicios de que estaba infringiendo la ley del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias.
Según informó entonces el Gobierno Vasco, habían comprobado mediante varias denuncias que un representante de la empresa se personaba en domicilios de usuarios de gas butano sin previo aviso y les ofertaba, "de modo intimidatorio y coactivo", la realización de una revisión de la instalación de gas. Sin embargo, dicha persona hacía firmar al cliente un contrato de mantenimiento de 48,07 euros, además de cobrar otras cantidades por cambio del regulador y de otros conceptos.
Consumo consideró en ese momento que esta actuación era "engañosa", ya que los clientes, en su mayoría de avanzada edad, pagaban por lo que creían una revisión cuando, en realidad, sólo habían contratado su mantenimiento.
El 1 de diciembre, el Gobierno Vasco decidió paralizar la actividad de la empresa para que dejara de realizar estas supuestas revisiones en las que, además, se aprovechaban del desconocimiento de los usuarios, ya que las instalaciones de gas no están sometidas a mantenimiento, sólo las calderas, por lo que dicho contrato no tenía ningún sentido.
reincidente A pesar de inhabilitarla, Consumo volvió a advertir a finales de año que la empresa seguía actuando de modo fraudulento, dado que el número de denuncias había aumentado pasando de 12 a 40 en Gipuzkoa y Álava. Mientras tanto, Sercatalgas anunció que emprendería acciones contra Lakua por entender que impedía el servicio a domicilio de revisión de instalaciones de gas.
Finalmente, el Gobierno Vasco ha concluido que la empresa infringe la ley, por lo que ha establecido tres sanciones de multa de 15.100 euros cada una por cada infracción cometida, lo que suma 45.300 euros. Asimismo, ha impuesto el cierre temporal de la delegación de la empresa, ubicada en el número 28 del Paseo de Martutene en Donostia, por un periodo de tres años y, por tanto, el cese total de su actividad en la CAV durante dicho periodo.
Este periódico intentó ponerse ayer en contacto tanto con la delegación donostiarra como con la que la empresa tiene en Barcelona, pero no pudo obtener respuesta de ninguna de los dos sedes.
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